Por Tracy L. Barnett

Mexico News Daily / El Proyecto Esperanza

TOPOLOBAMPO, Sinaloa — Cuando funcionarios federales finalmente presentaron la semana pasada un plan para atender el conflicto de 12 años en torno a una planta de amoniaco casi terminada junto a la bahía de Ohuira, la activista indígena yoreme, socióloga rural y estudiante de Derecho Melina Maldonado no sintió alivio.

Se sintió apachurrada.

Después de seis días de mesas de diálogo, había empezado a sentirse esperanzada; parecía que los funcionarios realmente estaban asimilando nueva información y comenzando a ver otra cara del debate. La propuesta la llevó a pensar lo contrario.

“Ellos no escucharon por qué decimos no ahí. Ellos escucharon para hacer como un sí”, dijo Maldonado.

La propuesta federal promete salvaguardas ambientales, vigilancia comunitaria e inversión pública en torno a la planta de GPO-Proman, respaldada por capital alemán, en el norte de Sinaloa. Pero deja prácticamente intacta la operación del proyecto, poniendo al descubierto la división fundamental en el centro del conflicto: el gobierno propone maneras de hacer más segura la planta, mientras las comunidades más cercanas a la bahía siguen firmes en que no debe operar.

Ahora esas comunidades deberán llevar la propuesta a sus propias asambleas y, mediante su tradicional modelo indígena de gobernanza por consenso, decidir si la aceptan. Mientras tanto, el plantón frente a la entrada de la planta —que ya cumple 72 días— se mantiene.

Una propuesta, no un acuerdo

El plan surgió después de seis días de conversaciones entre funcionarios federales y estatales, representantes de GPO-Proman e integrantes del colectivo ¡Aquí No!, encabezado por comunidades yoreme-mayo de los alrededores de la bahía de Ohuira y convertido en la principal fuerza de oposición a la planta.

Funcionarios federales presentaron la propuesta como una vía para resolver un conflicto que se ha convertido en una de las luchas ambientales más largas y polémicas de México. Pero dirigentes del movimiento subrayaron que todavía no existe ningún acuerdo y que ellos no tienen autoridad para aceptar el plan en nombre de sus comunidades.

La propuesta deberá primero explicarse y discutirse en asambleas de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo. Estas comunidades rodean el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, un humedal Ramsar de importancia internacional, y sufrirían los impactos más directos de la planta.

“Nosotros también tenemos que hacer nuestras propias asambleas internas”, dijo Claudia Susana Quintero, educadora yoreme, habitante de Ohuira y una de las dirigentes de ¡Aquí No! “Tenemos que detallar cómo vamos a decidir. Tenemos que hacer consenso, explicarle a la comunidad también.”

El papel de sus representantes es llevar la propuesta a las comunidades y regresar con una decisión tomada colectivamente, no aceptarla en su nombre.

La planta, de US $1,600 millones y diseñada para producir 2,200 toneladas de amoniaco al día, tendría un avance de alrededor del 88%. La oposición comenzó poco después de que el proyecto fuera autorizado en 2014 y se ha centrado en las amenazas a la pesca, al ecosistema lagunar y a la seguridad industrial, además de lo que las comunidades yoreme consideran una consulta indígena profundamente viciada.

La protesta actual comenzó a finales de mayo, cuando habitantes intentaron impedir el traslado desde el puerto de enormes torres de absorción destinadas a la planta. Más tarde, los manifestantes trasladaron el campamento a la entrada de las instalaciones, donde han permanecido bajo calor extremo y fuertes tormentas.

Un proyecto que el gobierno considera estratégico

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la planta como importante para el objetivo de México de alcanzar una mayor soberanía alimentaria. El amoniaco es una materia prima fundamental para los fertilizantes nitrogenados, y Sheinbaum ha señalado que México actualmente importa casi todo el fertilizante que utiliza, fuera de la producción de la empresa estatal Fertinal.

También ha subrayado que la planta está casi terminada, fue sometida a evaluación ambiental y obtuvo respaldo mayoritario en la consulta indígena organizada por el gobierno, un proceso que las cuatro comunidades más cercanas a la bahía de Ohuira siguen impugnando.

La Secretaría de Economía afirma que la planta de GPO podría reducir hasta en 70% las importaciones mexicanas de fertilizantes y mantener en el país aproximadamente US $500 millones que actualmente se gastan en importaciones.

Para el gobierno federal, la planta forma parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de insumos agrícolas importados. Los opositores sostienen que ese objetivo nacional no justifica concentrar los riesgos en sus comunidades.

Lo que el gobierno puso sobre la mesa

La propuesta mantiene en pie la planta de amoniaco, pero modificaría de manera importante su operación. Entre sus disposiciones más relevantes, plantea que GPO-Proman deje de extraer agua directamente de la bahía de Ohuira y utilice en su lugar agua descargada a través de un canal cercano de la Comisión Federal de Electricidad.

Los opositores han advertido durante años que el sistema autorizado extraería grandes volúmenes de agua de mar de la laguna y devolvería agua más caliente y salina, con posibles afectaciones a las zonas de crianza de peces y camarones. Bajo el nuevo plan, las aguas residuales serían conducidas mar adentro en lugar de descargarse nuevamente en el sistema lagunar.

El plan también propone una nueva línea base ambiental, monitoreo permanente de la calidad del agua y un comité de vigilancia integrado por miembros de las comunidades, científicos, funcionarios públicos y representantes de la empresa. Otras medidas atenderían las descargas de aguas residuales y escurrimientos agrícolas que ya llegan a la bahía, además de reforzar la preparación ante emergencias y la protección civil.

Otros compromisos se enfocan en necesidades comunitarias de larga data, entre ellas vivienda, educación, infraestructura pesquera y apoyo para certificar productos locales como camarón y jaiba y así obtener mejores precios.

El comisionado federal Mauricio Rodríguez Alonso, quien ha encabezado las conversaciones, subrayó en una conferencia de prensa el martes que el plan surgió del diálogo entre comunidades, GPO-Proman y dependencias gubernamentales. Dijo que la empresa ya había manifestado, en principio, su disposición a asumir los compromisos que le corresponden.

Ulises Pinzón, representante municipal de Topolobampo, dijo que el paquete podría traer beneficios importantes. Le alentaron particularmente las disposiciones que dan voz a las comunidades ante futuros desarrollos petroquímicos.

Esto adquiere especial relevancia en Topolobampo, que el gobierno federal ha designado como polo de desarrollo económico, con las industrias química y petroquímica entre sus sectores prioritarios. El plan también mantendría suspendidas las plantas proyectadas de metanol y urea, así como una terminal portuaria, mientras no exista acuerdo con las comunidades.

Pero Pinzón señaló que muchas de las promesas corresponden a responsabilidades que el propio gobierno ya debería estar cumpliendo y no a concesiones de GPO-Proman.

“En papel sinceramente yo veo una propuesta atractiva”, dijo. “El tema es que se pueda vigilar el cumplimiento.”

Esa diferencia —entre un anuncio prometedor y un acuerdo vinculante y exigible— se ha convertido en una de las principales interrogantes para las comunidades.

El riesgo que permanece

Para los opositores, el asunto más preocupante que sigue sin resolverse es el peligro de una liberación catastrófica de amoniaco.

La propuesta gubernamental sí contempla nuevas medidas de seguridad: un centro de atención y respuesta a emergencias, vigilancia conjunta de riesgos industriales, cortinas de agua alrededor de tuberías y tanques de almacenamiento, y un plan regional de protección civil, que Rodríguez reconoció que actualmente no existe.

Pero dirigentes del movimiento sostienen que la preparación ante emergencias y las medidas de mitigación no pueden eliminar el peligro de fondo documentado en el propio análisis de riesgo de la empresa.

Según ese análisis, una fuga de cinco minutos podría generar una zona de alto impacto de aproximadamente 15 kilómetros alrededor de la planta, abarcando Topolobampo y comunidades yoreme cercanas. Una zona de afectación más amplia podría extenderse hasta 45 kilómetros, en dirección a Los Mochis y otras poblaciones de la región.

“Lo que sigue quedando ahí latente y que no nos queda claro todavía sería el tema del riesgo”, dijo Pinzón. “Los primeros afectados en tema de riesgo somos los que habitamos en Topolobampo.”

Documentos del proyecto de la empresa muestran que la planta está diseñada para almacenar hasta 75,000 toneladas de amoniaco anhidro cerca de zonas habitadas. Quintero dijo que la propuesta podría reducir determinados impactos ambientales, pero no eliminar las consecuencias de un accidente industrial grave.

“Todo se puede remediar”, dijo. “Sin embargo, lo que no se puede remediar es la vida de las nuevas generaciones y de las presentes.”

Para Maldonado, ahí es precisamente donde la propuesta gubernamental pierde de vista el problema de fondo. Su propia comunidad, el pueblo pesquero yoreme de Lázaro Cárdenas, mira todos los días hacia la planta al otro lado de la bahía.

La oposición de las comunidades nunca se ha limitado a los efectos de la planta sobre la calidad del agua o las pesquerías. Está arraigada en la convicción de que una instalación que implica semejantes riesgos no debería operar junto a sus hogares.

Maldonado señaló el mapa de riesgo de la propia empresa.

“Esto es la zona de riesgo que nos dice la propia empresa y que hoy la están minimizando o la están dejando en segundo plano”, dijo.

Una decisión bajo amenaza

Las comunidades no analizarán la propuesta en un vacío político. Varios de los dirigentes más visibles del movimiento han recibido amenazas relacionadas con su oposición a la planta y actualmente cuentan con medidas gubernamentales de protección.

Cuatro de los integrantes más visibles de ¡Aquí No!, entre ellos Maldonado, Quintero y el gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño, han sido incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal. Las medidas de protección pueden incluir chalecos antibalas y botones de pánico destinados a pedir ayuda en una emergencia.

Pero Quintero dijo que ese equipo ofrece poco consuelo mientras las comunidades se preparan para entregar una respuesta que quizá no sea la que esperan funcionarios y partidarios del proyecto.

“Sé que la comunidad nos va a decir que no”, dijo. “Pero también ahorita el gobierno nos está poniendo como carne de cañón con la otra sociedad que dice que sí.”

Le preocupa que el plan pueda convertir a los defensores en obstáculos ante quienes favorecen el empleo y el desarrollo económico, aumentando la presión sobre personas que llevan años enfrentando intimidación por hablar públicamente.

“El traer un chaleco antibalas, el traer un botón de asistencia, a mí no me va a servir de mucho el día de mañana que el entorno sociopolítico de nuestro estado quiera actuar”, dijo Quintero.

La experiencia, agregó, ha ido consumiendo el resto de sus identidades.

“No somos mamás, no somos hijas, no somos hermanas, no somos más que defensoras.”

Del impacto a la estrategia

Para la tarde del jueves, el ánimo dentro del movimiento había empezado a cambiar.

Enrique Ayala, activista de larga trayectoria que permanece en el plantón, dijo que dirigentes del movimiento pasaron seis horas el jueves reunidos con científicos y abogados para analizar la propuesta y definir sus siguientes pasos.

“La propuesta de gobierno es unilateral, es gandalla, es sin mucho tomar en cuenta a las comunidades”, dijo Ayala. “Ellos van sobre su proyecto.”

Pero después de años de ser ignorados, Ayala considera un avance el simple hecho de que el gobierno esté ahora sentado a la mesa con ellos.

“Tenemos que levantarnos y tenemos que seguir adelante y hacer propuestas y ser propositivos”, dijo. “Después de 12 años que no nos pelaron y los tenemos sentados a la mesa, nosotros vamos de avance.”

Y pese a la aparente intención del gobierno de llevar la planta hacia la operación, Ayala dijo que el movimiento no ha abandonado su objetivo original.

“Todavía creemos que les podemos sacar el retiro de la empresa”, dijo. “A veces hay que soñar, hay que soñar y nuestro sueño es que esta empresa se vaya, se vaya de estas tierras y nos deje en paz.”

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