“No queremos que nuestros hijos crezcan pensando que la explotación y la humillación a nuestra gente es algo normal.”

Pável Uliánov Guzmán. Vocero del CSIM.

Con hachas, martillos y cuerdas, un grupo de activistas convocados por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán derribaron el lunes 14 de febrero parte del monumento llamado Los Constructores.

Esta acción coincide con un movimiento global que ha derribado y desfigurado monumentos en docenas de ciudades alrededor del mundo por las mismas razones: dejar de ensalzar los símbolos de la esclavitud y la explotación de los pueblos originarios y comenzar a escribir una nueva historia donde los pueblos oprimidos reivindican su dignidad.

Se tiraron dos de las cuatro estatuas que formaban el conjunto de ocho toneladas de bronce, realizado por el ilustre escultor moreliano José Luis Padilla Retana y que desde el 21 de Mayo de 1995 marca el inicio del Acueducto de la ciudad de Morelia, capital de Michoacán México.

El monumento representaba a dos hombres Purhépechas haciendo trabajos forzados, mientras dos españoles supervisaban la construcción del acueducto. Las estatuas destruidas fueron la de Fray Antonio de San Miguel, quien fuera obispo de Michoacán y la de un arquitecto español conocido como Alarife.

Una decisión tomada por el pueblo purhépecha

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) es una organización conformada por 65 comunidades de las cuatro regiones purhépechas, y toma sus decisiones a través de asambleas. En entrevista exclusiva para Esperanza Project, Pável Uliánov Guzmán, vocero de dicho Consejo, explica que se realizaron varias audiencias para llegar tomar la decisión de retirar este monumento debido a que se llegó al consenso de que la manera en que el monumento representaba a los trabajadores indígenas siendo sometidos por los hombres blancos era una ofensa para los pueblo originarios.

Desde septiembre del 2020 se recolectaron firmas y se realizó una consulta ciudadana en Morelia y siete comunidades del estado para que la gente pudiera votar a favor o en contra de la decisión de retirar el monumento. La mayoría de los votos fueron a favor y se anunció que el monumento iba a ser reubicado. Hubo foros y mesas de diálogo donde se analizaba la ruta a tomar para llegar a retirarlo.

Incluso el 12 de octubre del 2021 el gobierno autorizó que se cubriera con una lona para conmemorar el “Día de la Raza.”

Raymundo Ortiz Martín del Campo, asesor jurídico del CSIM, explica que el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) no quiso hacerse responsable de los costos de reubicar el monumento, con el argumento de que no era patrimonio cultural.

Por otro lado, la obra no pertenece al catálogo de bienes del gobierno municipal, estatal o federal ya que fue financiada por una asociación civil que ya no existe, por lo tanto, no se tenía claro quién sería actualmente la instancia que tiene los derechos de la escultura y que sería responsable de autorizar y solventar los gasto de su reubicación.

Raymundo explica que la intención original no era destruirlo, sino solamente retirarlo de la vía pública.

“No es lo mismo que una pieza así esté en un museo donde la gente va a apreciar obras de arte, a que sea un monumento que se encuentra en la calle. Los monumentos deben tener un papel normador, educador”  comenta.

A pesar de los acuerdos y esfuerzos que se habían hecho durante al menos dos años para llegar a retirar la estatua de manera legal y pacífica, con el cambio de administración todos los avances quedaron perdidos. Pasó el tiempo y las autoridades no mostraban el menor interés en retomar el acuerdo al que se había llegado, por lo que el Consejo Supremo Indígena tomó la determinación de derribarlo por su cuenta.

Se retiraron solamente las dos figuras que representaban a los españoles y se decidió conservar las figuras de los trabajadores indígenas.

“Se decidió conservarlos por respeto a los verdaderos constructores de las ciudades y los monumentos de nuestro país, que fueron los indígenas, que a trabajos forzados y con mucho maltrato y humillación levantaron las grandes construcciones como el Acueducto. Cientos de hermanos indígenas perecieron en este tipo de obras, así que se decidió no destruir esa parte del monumento.” explica Pável Uliánov.

En junio del 2022 se cumplen 500 años de la invasión y la conquista de Michoacán (1522), por lo tanto, comenta Uliánov Guzmán, “este año es una fecha significativa, un buen momento para analizar y debatir sobre los monumentos históricos y su significado.”

El 14 de febrero de 1530 fue la muerte del último gobernante purhépecha, Tangáxoan Tzíntzicha, por ello se decidió que la manera de conmemorarlo fuera realizando este acto simbólico.

Sin embargo, no es la primera vez que se derriba un monumento en Morelia; en 1992, para conmemorar los 500 años de la conquista y colonización de América, en una manifestación organizada por el Frente Cívico Michoacano en el que participaron las mismas comunidades y organizaciones de la Nación Purhépecha, se destruyó la estatua del fundador de Valladolid (hoy Morelia) y primer Virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. Sin embargo, el gobierno municipal se encargó de restaurarla y volver a colocarla en el mismo lugar, en el cruce de la avenida Morelos Norte y la calle Del Trabajo frente a la Casa de la Cultura de Morelia.

De acuerdo a un artículo publicado en Changoonga.com, “Esa no fue la única escultura que cayó aquel 12 de octubre (de 1992). En Chiapas un grupo de indígenas habían derribado la esfigie del encomendador español Diego de Mazariegos, fundador de San Cristóbal de las Casas. Los dos eventos no tuvieron interlocución alguna ni fueron conscientes de la existencia del otro. Simplemente fueron dos etnias indígenas que descargaron la ira acumulada por quinientos años de marginación.”

La demolición de las estatuas de los españoles se realizó en una manifestación donde los comuneros encendieron fuegos a los cuatro rumbos para honrar a sus antepasados y se dio el llamado de Arenga, el tradicional grito de guerra purhépecha.

Durante la manifestación no hubo ningún problema, pero al terminar, cuando los activistas indígenas iban saliendo de la ciudad fueron detenidos. Pável Uliánov cuenta que “fueron detenidos veinticuatro comuneros y comuneras, así como tres estudiantes y tres menores de edad. Fue una detención totalmente arbitraria; los compañeros fueron golpeados y humillados, nosotros con médicos de comunidades indígenas tenemos las pruebas. No se respetó el debido proceso, los compañeros fueron fotografiados y las fotografías fueron publicadas sin autorización. Tampoco contaron con asesoría jurídica en tiempo y forma.” 

Por ello, el CSIM se dio a la tarea de realizar movilizaciones para pedir su liberación. Se tomaron seis carreteras y las vías del tren. A raíz de estas movilizaciones, los activistas fueron puestos en libertad, pero para dejarlos ir se les obligó a firmar un documento incompleto, donde se comprometían a pagar los daños. 

Desde luego, el Consejo Supremo Indígena está respaldando a estos ciudadanos jurídicamente, políticamente y socialmente y están tomando toda la responsabilidad por los daños.

Uliánov Guzmán explica que incluso la valuación del daño ha estado llena de irregularidades, ni siquiera las autoridades tienen claro cuál sería el costo de reparar los daños. Se han cotizado una multa que puede variar de entre 80 mil hasta 800 mil pesos. “Pero definitivamente no estamos dispuestos a pagar por la remoción de un monumento que ya había sido acordado que la ciudad tenía que retirar.”

Se está realizando una asamblea general permanente en el CSIM para decidir cuál será la manera en que se va a proceder para conseguir que se retiren los cargos. Se tiene contemplado hacer más movilizaciones en la ciudad de Morelia para presionar al gobierno, aunque comenta Pável Uliánov que las autoridades municipales ya se están abriendo al diálogo.

“El espacio público es de todos. Morelia es capital tanto de los morelianos como de las comunidades indígenas que conforman Michoacán. Esta acción es una reivindicación del discurso histórico, no queremos que nuestros hijos y personas que vengan de otras comunidades vean la explotación indígena como una cosa normal.”

Agradecimientos especiales a Raymundo Ortiz, Pável Uliánov, Xana Zamudio, Enrique Castro, Carmen Hernández y El Sol de Morelia por la información y el apoyo fotográfico para realizar este artículo.

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