La bahía de Ohuira es un humedal protegido internacionalmente y una zona de crianza de especies marinas. Desde hace 12 años, las comunidades yoremes luchan contra una planta de amoniaco que, según advierten, amenaza sus zonas de pesca, su salud y su forma de vida.

Por Tracy L. Barnett
Para WaterToday.ca

TOPOLOBAMPO, Sinaloa — Un campamento de protesta encabezado por el pueblo yoreme ha entrado en su novena semana frente a una planta de amoniaco casi terminada, a orillas de la bahía de Ohuira, un humedal protegido internacionalmente situado a las puertas del golfo de California.

El campamento comenzó el 31 de mayo en el puerto de Topolobampo, después de que enormes componentes industriales llegaran por mar. El 15 de junio, los manifestantes se trasladaron a la vía de acceso a la planta, donde han mantenido un bloqueo las 24 horas con el objetivo de impedir la entrada de trabajadores, maquinaria y equipo. Para el 29 de julio, la ocupación había llegado a su día número 60.

“El proyecto ya lleva más de 80 por ciento de avance, así que no nos queda de otra”, dijo Felipe Montaño, gobernador tradicional de la comunidad yoreme de Ohuira. “Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que dar la vida aquí, estamos dispuestos a hacerlo”.

La planta está siendo desarrollada por Gas y Petroquímica de Occidente, o GPO, filial de la empresa suiza Proman. Está diseñada para producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco anhidro y almacenar hasta 75,000 toneladas en sus instalaciones, lo que la convertiría en una de las plantas de su tipo más grandes de América Latina.

El amoniaco se utiliza ampliamente para fabricar fertilizantes, y funcionarios mexicanos describen el proyecto como importante para la seguridad alimentaria nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha defendido, afirmando que está casi terminado y que ha cumplido con los requisitos legales y ambientales. Informes del sector situaron el avance general del proyecto en 88 por ciento en mayo, aunque no se espera que la producción comience hasta 2027.

Para las comunidades yoremes que rodean la bahía de Ohuira, sin embargo, el proyecto representa una amenaza directa para un territorio que las ha sostenido durante generaciones.

La planta se encuentra dentro del sistema lagunar Santa María–Topolobampo–Ohuira, de 22,500 hectáreas, designado en 2009 bajo la Convención Ramsar. Sus aguas poco profundas, bordeadas de manglares, proporcionan hábitat para aves migratorias y especies amenazadas, además de funcionar como zonas de crianza para camarones, peces, ostiones y otras formas de vida marina que sostienen a miles de familias pescadoras.

El sistema lagunar también contribuye a la extraordinaria abundancia biológica del golfo de California, cuyas islas y áreas costeras protegidas forman parte de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, actualmente inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

Los habitantes comenzaron a organizarse contra el proyecto en 2014, después de ver cómo se desmontaban manglares y se rellenaban terrenos sin haber sido informados de que se planeaba construir una instalación industrial. La disputa se convirtió en una prolongada batalla legal y política por los impactos ambientales, los derechos territoriales y la consulta indígena.

Los opositores llaman a la planta “el monstruo” y “una bomba de tiempo”. Una comunicación de 11 relatores especiales de las Naciones Unidas citó el propio estudio de riesgo ambiental de la empresa, que simuló una ruptura de cinco minutos en el amonioducto. En ese escenario, una nube tóxica podría extenderse hasta alcanzar 45 kilómetros de diámetro y afectar potencialmente a más de 400,000 personas.

La planta también extraería aproximadamente 2,000 metros cúbicos de agua de mar cada hora y devolvería a la bahía agua más caliente y salada. Los opositores temen que la toma de agua pueda destruir larvas de camarón y peces, mientras que la descarga podría alterar la temperatura y la salinidad de la laguna. Investigaciones citadas por el movimiento estiman que la producción de camarón podría disminuir en más de 500 toneladas al año.

Proman afirma que la planta utilizará sistemas modernos de seguridad y monitoreo ambiental. La empresa y los funcionarios gubernamentales sostienen que el proyecto puede operar sin causar daños inaceptables.

El conflicto también ha planteado interrogantes sobre quién tenía derecho a dar su consentimiento al proyecto. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que este había avanzado sin una consulta indígena adecuada e invalidó permisos clave. Posteriormente se realizó una consulta, en la que la mayoría de las comunidades participantes votó a favor de la planta.

Sin embargo, Montaño sostiene que el resultado ocultó una división crucial: las cuatro comunidades yoremes que rodean la bahía de Ohuira votaron en contra, mientras que también fueron incluidas siete comunidades más alejadas, dejando en minoría a quienes enfrentarían los impactos más directos.

Montaño y otros opositores también denuncian una “compra de conciencias” y afirman que se entregaron alimentos a las comunidades y se les prometieron obras públicas y otros beneficios a cambio de su apoyo.

“Las comunidades que viven de la bahía y dependen de ella dijeron que no”, señaló Montaño. “Pero sus voces fueron diluidas por comunidades que no sufrirían los impactos directos”.

Las instituciones gubernamentales y la empresa aseguran que la consulta fue legal y que la mayoría de las comunidades participantes apoyó el proyecto. Los opositores cuestionan el proceso.

Los dirigentes yoremes más visibles del movimiento —entre ellos Montaño; Melina Maldonado, socióloga rural y estudiante de Derecho; y Claudia Susana Quintero, educadora en derechos indígenas y de las mujeres— llevan años promoviendo amparos, reuniéndose con funcionarios mexicanos y llevando su caso al extranjero. Los tres han recibido amenazas e intimidaciones y actualmente cuentan con protección a través del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Maldonado y Quintero viajaron a Alemania en marzo de este año para cuestionar el financiamiento público encabezado por KfW IPEX-Bank. Durante sus reuniones, Maldonado lanzó una advertencia: 

“No vamos a permitir que se produzca ni un solo litro de amoniaco. Su dinero está en riesgo”.

La llegada de enormes componentes de la planta a finales de mayo amplió drásticamente el movimiento. Las imágenes compartidas en las redes sociales hicieron visible la magnitud del proyecto para un público mucho más amplio. A principios de junio, miles de personas participaron en una marcha y caravana desde Los Mochis hasta Topolobampo, que culminó con una clausura simbólica de la planta. Desde entonces, simpatizantes han llevado comida y suministros y han cubierto turnos en el campamento.

Después de cinco mesas de diálogo celebradas en julio con representantes del gobierno y de la empresa, el colectivo ¡Aquí No! esperaba una respuesta gubernamental. Cualquiera que sea el resultado, los dirigentes del movimiento aseguran que el bloqueo continuará durante el tiempo que sea necesario.

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario”, dijo Maldonado.

Aquí No Bahía Ohuira defensa del territorio megaproyectos pueblo yoreme