Las huellas ya están marcadas sobre las veredas cubiertas de pinos, encinos y oyameles. Diez hombres recorren cada domingo con machete al hombro, linternas y un morral de yute con alimentos, un pedazo de tierra de las 594 mil hectáreas de terreno comunal que conforman la Selva de los Chimalapas. 

Son jóvenes que heredaron de sus ancestros el cuidado del bosque que para ellos es vida, para que luchen todos los días. Salen a oscuras, antes de que los primeros rayos del sol los alcance y regresan cuando ya se ocultan.

Este es la primera parte de una serie especial sobre una de las selvas tropicales mejor conservadas de Mesoamérica, las Chimalapas, por la galardonada reportera zapoteca Diana Manzo. Vea la segunda parte, Los Silvicultores Comunitarios de Chimalapas se Unen, para leer más sobre las medidas que se están tomando para la silvicultura comunitaria sostenible en medio de la nueva amenaza de la minería.

Mauro Vásquez es el que encabeza los recorridos semanales, parte de una herencia de 45 años de gestiones para la sustentabilidad de los bosques comunitarios en esta zona. Conoce muy bien estos linderos del sureño estado mexicano de Oaxaca, porque  acompañaba a su padre y abuelo desde la edad de ocho años. Recuerda cómo de niño admiraba el canto de las aves, especialmente el del quetzal, colorido símbolo sagrado de la cultura maya dominante aquí. “Si no lo cuidamos, el bosque se acabará”, dice el joven padre de familia.

Por sus condiciones geográficas y sierras, Oaxaca es el estado con más biodiversidad en México. Además, es el tercero en superficie forestal con 6 millones 295 mil 473 hectáreas (Semarnat, 2014). De la superficie total estatal, 529 mil 986 hectáreas corresponden a Áreas Naturales Protegidas (ANPs), explica el Instituto Nacional de Ecología.

Además, se reconoce a la región de Los Chimalapas por tener la mayor extensión de selvas húmedas bien conservadas y bosques mesófilos de todo Mesoamérica, haciéndola una de las zonas tropicales y un banco de recursos genéticos de mayor importancia en la región, según un documento publicado en el 2005, por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas en inglés).

La vegetación incluye selvas secas, bosques nublados y, templados, así como zonas de brota secundaria. Posee 3 mil 500 especies de plantas vasculares y 300 especies de orquídeas. Tiene la fama de proveer hábitat al jaguar, el tapir y el quetzal, entre otras especies amenazadas y protegidas. 

San Miguel Chimalapa, ubicado ahí,  posee la sección más grande de bosque tropical perennifolio virgen que contiene bosque mesófilo, según la Conabio, la Comisión Mexicana para la Biodiversidad. Sin embargo, su población zoque de 6 mil 470 pobladores, descendientes del imperio maya, son herederos de una historia dolorosa. Conflictos sobre la tenencia de la tierra han resultado en la degradación ambiental, con su respectivo impacto negativo para Vázquez y sus vecinos. Desde hace mucho tiempo, el resplandeciente quetzal ya no anida por este bosque – por la caza y tala clandestina.

TRISTES RECUERDOS

Chimalapa significa “jícara de oro”. El nombre proviene de la Conquista cuando los zoque, descendientes de los olmeca-mixe, se vieron forzados a comprar sus propias tierras de la Corona, entregando el oro en jícaras.

Siglos después, en 1940, las compañías madereras Sánchez Monroy, Salvador Moguel y Juan Pérez invadieron el territorio zoque. Extraían grandes cantidades de madera, las suficientes para dejar sin cubierta vegetal a miles de hectáreas, explica Emmanuel Jiménez, comunero de Benito Juárez. Es decir, “dejaron la tierra lastimada y deforestada”.

En el documento “Chimalapas: La defensa del territorio y los bienes naturales como un factor de identidad indígena”, el investigador y activista Miguel Ángel García Aguirre señala que el saqueo de las empresas madereras tuvo un repunte desde el año de 1950. Entre ellas, la más influyente del michoacano Rodolfo Sánchez Monroy se apoderó de 100 mil hectáreas de bosques templados y de niebla hábitat de los pinos y ocotes.

Apoyando esta invasión estuvieron  el presidente de México, Miguel Alemán Valés del Partido Revolucionario Institucional, y el gobierno de Chiapas – que en ese entonces era gobernado por el priista Francisco J. Grajales, según el autor. Se aprovecharon “un involuntario error de las comunidades zoque chimalapas de no poblar la extensa zona oriente de su territorio, pues lo consideraban su zona de reserva y de recolección, y se sumó al olvido de las autoridades oaxaqueñas”.

Casi 30 años después, en 1977, tras la distribución de la tierra por la reforma agraria, las empresas fueron cerradas, y los comuneros ajenos llegaron a la zona. Los pobladores chiapanecos se adentraron sin permiso al territorio de Los Chimalapas, y se adueñaron de 160 mil hectáreas de Oaxaca. Se apoderaron de una docena de propiedades privadas, donde construyeron ranchos e introdujeron ganados. Crearon cuatro ejidos. Hasta fundaron el municipio llamado Belisario Domínguez.

El conflicto limítrofe deja una cicatriz de 50 mil hectáreas de bosque erosionadas por la tala ilegal y incendios forestales, de acuerdo con lo que narra García Aguirre, en el informe editado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), en 2015.

LA RESOLUCIÓN PODRIA AYUDAR A LA RESTAURACIÓN

A casi cuatro décadas, el 11 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que indica que las 160 mil hectáreas de tierras en cuatro ejidos y 10 propiedades privadas en posesión de Chiapas pertenecen a Oaxaca. El dictamen había tardado nueve años en diligencias. 

El pleno determinó que dentro de los 30 meses contados a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia, los Congresos de ambos estados deberán realizar las modificaciones pertinentes a sus Constituciones y leyes respectivas para incorporar los puntos limítrofes de la frontera que han sido reconocidos. 

Tras la sentencia, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, llamó a la armonía y concordia para construir el desarrollo integral de la población indígena de la zona zoque. Recalcó que se logra la restitución de la soberanía de Oaxaca y se restituye la dignificación de los pueblos originarios que se encuentran en Los Chimalapas y el Istmo oaxaqueño. 

En cambio, el ex gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillen, a través de una carta, tendenciosamente alertó que podía estallar un conflicto limítrofe ante la resolución. Por eso, pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación para pactar una tregua política. “Es un problema nacional”, recalcó.

Por su parte, los ejidatarios chiapanecos de los municipios de Cintalapa y Belisario Domínguez anunciaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para impugnar el fallo.

Alfonso de Jesús Gómez Mendoza, presidente del comisariado ejidal de Constitución, Chiapas, advirtió del riesgo de que los comuneros chimalapas de Oaxaca los invadan, y señaló que hay 28 parcelas que han venido “cortando” desde hace tiempo.

Sin embargo, vecinos chiapanecos del ejido Díaz Ordaz y de Rudolfo Figueroa señalaron que han dialogado, y la mayoría opina que si los comuneros chimas respetan sus tierras y ellos no pierden sus derechos agrarios, entonces sí aceptarán ser oaxaqueños.

“Hemos dialogado, habemos quienes ya queremos paz, de hecho muchos hasta hemos emparentado por la cercanía que existe con Benito Juárez y San Antonio, pero estamos en diálogo, ya no queremos más conflictos, ojalá hayan acuerdos y avancemos”, señalaron.

Los vecinos de los poblados de San Antonio y Benito Juárez, Oaxaca, realizaron una asamblea en el último día de noviembre, acordándose de que el siguiente paso después del veredicto de la controversia es “el diálogo”. Para ello han tenido reuniones con el gobierno de Oaxaca y dependencias federales.

Cerca de mil 500 indígenas tzotziles viven en la demarcación territorial de Benito Juárez y San Antonio, de acuerdo a un censo local. Conforman los cuatro ejidos de Rudolfo Figueroa, Díaz Ordaz, Roman E. Balboa, y Flor de Chiapas. Aquí se encuentran, además,10 propiedades privadas y los bienes comunales de los 800 indígenas zoques de la agencia municipal de San Miguel Chimalapas. También está el municipio de Belisario Domínguez, que ya luce desolado y abandonado porque no hay infraestructura social. Los patios de las escuelas y el palacio municipal están llenos de arbustos, las calles no están pavimentadas, pareciera un pueblo fantasma.

Teniendo este escenario y con una herencia de 45 años de gestiones para la sustentabilidad de los bosques comunitarios, la asamblea instaló una mesa de integración con Chiapas, una mesa ambiental por el bosque, y una mesa de atención a programas federales. “Sí nos dan solución, lo tenemos todo resuelto”, enfatizan Antonio Jiménez, comisionado para la negociación de la resolución.

La risa los delata. Están contentos porque recuperaron sus territorios y desmienten los rumores de un supuesto ejército armado en su territorio. “Las únicas armas que tenemos es nuestra voz y la comunidad”, insiste Elias Gómez, contraparte de Antonio en la comisión negociadora. “Nosotros queremos la paz con los chiapanecos, ni más ni menos”.

Esta historia fue reportada y producida con el generoso apoyo del One Foundation.

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