Es invierno y hace calor; la temperatura ambiente marca los 30 grados centígrados. El clima ha variado mucho en la zona de los Chimalapas — achacado a la deforestación. En el corazón de esta selva icónica del estado de Oaxaca, miembros de las comunidades indígenas zoques de Benito Juárez y San Antonio hacen todo lo posible para revertir la tendencia. Sin embargo, nuevos proyectos de megaminería amenazan con derribar sus logros obtenidos a duras penas.
Esta historia es la segunda parte de una serie sobre iniciativas comunitarias para preservar uno de los bosques con mayor biodiversidad de México, por la galardonada periodista zapoteca Diana Manzo. Ver Chimalapas: Construyendo comunidad para salvar un bosque para leer más sobre este bosque icónico y los esfuerzos históricos para preservarlo.
El viaje a estos enclaves rurales, situados a una distancia de 15 kilómetros entre sí, es un recorrido por los efectos de la deforestación. Además del clima más cálido, se ven alterados los cursos de aguas superficiales y subterráneos. La erosión y los continuos daños por inundaciones en la carretera se burlan de la idea misma de rehabilitarse.
“Los ríos no fluyen pausados como antes, las incontrolables crecientes los vuelven amenazadores”, dice María García, comunera de San Antonio. Asegura que defender el territorio no es fácil. Por ejemplo, en 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó 12 permisos de tala a cuatro ejidos invasores y ocho a propietarios privados que ocuparon tierras comunales en San Miguel y Santa María, Chimalapa.
“No queremos ejidos ni propiedad privada en nuestras tierras”, comenta. Sin embargo, en las disputas limítrofes que han plagado el área, García prefiere el diálogo. En su opinión, la tierra no tiene dueño, ni de Oaxaca ni del vecino estado de Chiapas.
Foto: Diana Manzo
García llegó a los tres años de edad, proveniente del estado de Michoacán, y en su adultez se unió a la lucha por la selva zoque. Desde aquel entonces, el esfuerzo forestal comunitario tiene un largo trecho hecho en servicio a la recuperación del hábitat.
Una mujer alta de 1.65 centímetros, de cabellos plateados y voz firme, García cuenta que ella toda su vida ha sido guardiana del bosque. “Me he entregado a la defensa del bosque, porque acá tengo mi casa y viven mis hijos”. A sus 65 años de edad, a su vez es partera y la modista de la comunidad. Cuenta que por el bosque ha sido perseguida, amenazada y hasta encarcelada. “Pero lo vale todo”, recalca al mencionar que desde hace cuatro décadas camina por los senderos del bosque, y junto con los comuneros realiza recorridos de vigilancia.
“Me pongo mis botas de hule, mi sombrero y me voy con los compañeros”, enfatiza. Añora un día ver resuelto los conflictos de su comunidad. Su mayor sueño es “no dejar problemas a sus hijas e hijos”, refiriéndose a los conflictos de tierras que viven con sus vecinos de Chiapas y personas avecindadas que llegaron a vivir a la montaña.
Como parte del modelo mexicano de silvicultura comunitaria mundialmente reconocido para su sustentabilidad, el ejemplo de los Chimalapas brilla por sus importantes resultados en la conservación de una biosfera natural considerada uno de los pulmones más importantes del país.
EN LUGAR DE COSECHAR PALMA, EXTRAEN RESINA
En el 2010, los comuneros obtuvieron un permiso forestal para extraer resina en el área protegida llamada El Cordón del Retén. Esta forma de aprovechamiento sustentable del bosque les ha ayudado a sobrevivir sin dañar lo que más aman, su bosque.
La explotación de una planta llamada xate, o palma camedor, duró más de una década en los Chimalapas, dice un estudio llamado “Palma Camedor y Cicadáceas o tráfico de flora oaxaqueña” publicado en 1995, por el biólogo Rafael Cárdenas.
Conocido por los nombres científicos como C. pinnatifrons y C. quezalteca, es catalogada como planta no maderable que se encuentra en peligro de extinción.
Explica Cárdenas que el engalanar las casas de Estados Unidos y Europa con arreglos florales de esta planta de ornato despojó de sus recursos a comunidades de Chimalapas como San Antonio y a ejidos chiapanecos como Díaz Ordaz y Rodulfo Figueroa.
En su documento avalado por el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el autor señala que, en la comunidad de Rizo de Oro localizada a 40 minutos de San Antonio y Benito Juárez, hubo explotación forestal porque la familia Gil Toledo, provenientes de Puebla, encabezó el negocio de la venta de la palma camedor en la zona de los Chimalapas.
Mauro Vásquez, comunero de San Antonio, todavía se acuerda que su padre le contaba como antes venían extraños a buscar la “palmita” para adornar sus centros de mesa, pero no sabía que la ocupaban para vender a volumen.
En el 2008, la Comisión Nacional Forestal publicó un diagnóstico sobre la situación de la palma camedor y tecnología de manejo de plantaciones. En ello revela que la comunidad de San Antonio tiene nueve variedades de palmas. A partir del análisis, reuniones y acuerdos, lograron detener la venta ilegal de la palma camedor.
“Estábamos acabando el bosque”, recuerda Vásquez que su padre le dijo. Recordó también como los biólogos y activistas llegaron a la zona para elaborar un análisis previo.
Entre ellos, la gente del World Wildlife Fund ofreció asesoría a los comuneros. Es cuando hicieron conciencia del saqueo que le hacían al bosque con la venta de la palma camedor. Posterior a ese análisis, en el 2004, firmaron el Plan Maestro, que consiste en destinar 10 mil hectáreas de su territorio como Área Natural de Conservación Voluntaria.
De acuerdo con el documento “En Chimalapas, se cosecha sostenibilidad”, para lograr el plan maestro, además de los comuneros de ambas San Antonio y Benito Juárez, participaron WWF y organizaciones como Conservación Internacional.
“No todos querían (desistir del saqueo de la palma), pues era un buen negocio”, explica Vásquez. Luego cuenta que su padre junto con otros comuneros de la zona, después de varias reuniones y de conocer que había otras alternativas de sobrevivencia, decidieron mejor aprovechar la resina de los pinos y venderla para un ingreso colectivo.
Cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) estableció el Área Natural de Conservación Voluntaria, designó los 10 mil hectáreas de El Cordón del Reten para la explotación sustentable, dando paso a la extracción a escala comercial de la resina.
Así se conserva una proporción importante de una variedad de maderas preciosas, aves y territorio virgen de los Chimalapas. La actividad protege el área de la tala clandestina y del tráfico de animales, especialmente el jaguar. Los comuneros distribuyen la resina a volumen al estado de Michoacán, principalmente.
“Entendimos que podemos vivir del bosque sin acabarlo, sin dañarlo ni mutilar”, recalca Vásquez.
Los recursos con que cuenta la brigada comunitaria de vigilancia de los comuneros para El Cordón del Retén son nada, si se comparan con la dimensión de la zona y el tamaño de las amenazas que hay sobre esta reserva comunitaria. Entre ellas, recurren la invasión de tierras y la tala ilegal (con los incendios que la acompañan).
Sin embargo, a partir de la explotación de resina, los trabajos en comunidad han logrado el cuidado de la selva, al tiempo que reducen las ambiciones y diferencias entre las comunidades, según explica Vásquez.
En el texto “Aprovechamiento de resina de pino en la zona oriente de San Miguel Chimalapa, Oaxaca: de la conservación de recursos naturales al desarrollo sustentable”, Adriana Zentella Chávez señala que en la región, durante 2009 y 2010, arrancaron acciones de tipo social y económico, al mismo tiempo de conservar los recursos naturales.
Zentella explica que se crearon dos sociedades de producción rural: Productores Agropecuarios y Forestales El Cordón del Retén San Antonio y la Unión de Productores Ambientalistas Agropecuarios y Forestales Río Portamoneda Benito Juárez Chimalapa; dentro de cada una se instaló un Comité de Aprovechamiento de Resina de Pino. De este modo los 35 comuneros, como Vásquez, que forman parte del comité local, reparten ganancias equitativas, narra.
COMUNIDADES ENFRENTAN AUMENTO EN AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN
Era un niño pero no se le olvida nada. Alberto Matus Ramírez tenía siete años de edad cuando sus padres procedentes de Miahuatlán, Oaxaca, llegaron a Benito Juárez, Chimalapa – a ocho horas de distancia – para trabajar en el aserradero de Sánchez Monroy. Vivían como 30 personas, lo recuerda muy bien. Hoy tiene 69 años de edad, es comunero y defensor del bosque, herencia que comparte con sus dos hijos, quienes ahora realizan recorridos de vigilancia para evitar más daños al territorio.
Un sombrero de color paja distingue a este hombre entre los demás. Sentado en un tronco seco debajo de un roblencino, recuerda que, en este mismo lugar, donde las hojas caen por el viento que sopla en invierno, los comuneros realizaron una asamblea que condujo a su solución de controversias sobre límites territoriales. Juntaron firmas y las enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resultado fue el dictamen del noviembre pasado de devolver a Oaxaca 160 mil hectáreas en disputa con su vecino estado al sur, Chiapas. Aseguran que este frondoso árbol data de más de 40 años y es histórico porque guarda otros secretos de la lucha por el territorio.
Al igual que Ramírez, Emiliano Pérez Gutiérrez, llegó en su niñez a estas tierras y es testigo de la defensa del territorio. Tiene 58 años de edad y vive en San Antonio. En la mesa de su cocina, muestra unos planos y documentos. Sus logros por grandes que sean, no quitan los nuevos retos por enfrentar. Entre ellos, repuntan los talamontes, llegan las mineras transnacionales, y traen consigo la destrucción del hábitat.
Acompañándolo es Miguel Ángel García Aguirre, representante de la organización Maderas del Pueblo, activista e investigador del territorio zoque de Chimalapas. Recalca que los magistrados ratificaron que Chiapas violó los límites territoriales respecto a un antecedente histórico de 1549, un mapa acordada entre el virreinato y la capitanía, mismo que estableció un precedente.
Aun así, el activista alerta que, por ejemplo, en el paraje llamado Las Águilas, frente a la Congregación Comunal El Quebrachal, San Miguel Chimalapa, recientemente han sido totalmente devastadas por un ganadero chiapaneco ocho hectáreas de pinos, encinos y árboles tropicales.
En enero pasado, los talamontes resguardados por un grupo armado arrasaron los árboles de ese sitio – donde nace el agua que abasta una vasta zona a su alrededor – asegura el defensor. Los incendios forestales provocados por la ganadería y los conflictos agrarios agravan la pérdida de las selvas y bosques de niebla.
Desde noviembre, El Proyecto Esperanza ha solicitado información a Conanp y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental para conocer el estado en que se encuentra el bosque en cuanto a la preservación y tala clandestina. No se tuvo respuesta.
Mientras tanto, los incendios forestales han dañado gravemente a la Selva de los Chimalapas, asegura Alfredo Aaron Juárez, director de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (Coesfo). Señala que cada año se pierde flora y fauna endémica de la región. En el 2020, un incendio forestal 30 días, afectando a 142 hectáreas entre el Cerro Azul y Cerro Atravesado, una zona limítrofe de Chiapas con Oaxaca.
Si fuera poco, ahora la minería amenaza la Selva de los Chimalapas, denuncia el colectivo Matza, integrado por jóvenes zoques de la comunidad de San Miguel Chimalapa.
Son cinco proyectos mineros que se pretenden instalar al sureste del territorio comunitario. Uno ya autorizado por la Secretaría de Economía bajo el nombre de la concesión Santa Marta con número de proyecto 20OA2020MD038, tiene una superficie aproximada de 7 mil hectáreas.
Josefa Sánchez Contreras, defensora comunitaria e integrante del colectivo, denuncia al gobierno federal por no informar a los comuneros sobre el mega proyecto en una disque consulta; además de que los trámites no están en orden.
Las otras cuatro mega concesiones recientemente fueron publicadas en la Gaceta de Ecología de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Estas aparecen en el sitio de la Secretaría de Economía, bajo la página Carto Min Mex, un sistema de seguimiento de procesos elaborado por la Dirección General de Minas, Subdirección de Cartografía, donde se ofrece el catastro minero y su registro público. Demuestra el intento de abarcar en Chimalapas más de 105 mil hectáreas. Implica la transformación a casi la totalidad del territorio zoque de San Miguel Chimalapa – 134 mil hectáreas.
Sánchez Contreras resalta que al no respetar la tenencia comunal, están violentando a la comunidad, porque no han dado información alguna sobre estas nuevas solicitudes y concesiones mineras.
“La concesión Santa Marta que es altamente letal para la biodiversidad de la región y para los pueblos zoques, pero también para los zapotecas e ikoots, ya que los polígonos donde se pretende extraer cobre-plata y oro, se ubican en la cabecera de tres ríos, el más importante, el Ostuta, y por lo consiguiente, de permitirse su explotación, se estarían contaminando letalmente las lagunas huaves, superior e inferior, que es de donde el pueblo Huave basa su cultura y su vida,” explica. “Entonces por esto estamos denunciando estas arbitrariedades”.
Esta historia fue reportada y producida con el generoso apoyo de la One Foundation.
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