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La devastación de la Chiquitanía en el ocaso de Evo Morales
By Alan Zambrana Lineo Posted in Medio ambiente, Activismo, Bolivia, Cambio Climático on 11 diciembre, 2019 0 Comments
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Al año que se va lo recordaremos no solo por los vientos huracanados que impulsaron la caída de Evo Morales, el primer presidente indígena que tuvo Bolivia; sino también por los incendios que estos vientos trajo consigo. Ardieron bosques, reservas ecológicas, territorios indígenas y parques nacionales en ocho de los nueve departamentos que tiene Bolivia. Según estimaciones de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), en toda Bolivia se quemaron más de cinco millones de hectáreas de bosque y solo en el departamento de Santa Cruz aproximadamente cuatro  estamos hablando de una superficie mayor al de Suiza o Costa Rica.

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Hubo fuego en los Valles, el Gran Chaco y Amazonia. Entre estas dos últimas regiones está la Chiquitania, sin duda la región más devastada por los incendios. A esta zona, las terribles consecuencias del cambio climático no dieron tregua y generaron las condiciones aptas para que ocurriera esta desdicha.  Durante más de las dos terceras partes del presente año y hasta casi finalizado los incendios, las lluvias estuvieron ausentes y los niveles de calor bordeaban en promedio los 35 grados centígrados. Los vientos oscilaban entre los 80 y 100 km./h. y según estudios de la Fundación Tierra, el nivel de humedad se redujo en un 50% en relación al pasado año.

Esta zona ardió por más de tres meses sin que el gobierno nacional pueda controlar o hacer efectivo el clamor de las comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que exigían la declaratoria de Desastre Nacional para que pueda ingresar a Bolivia ayuda internacional experta.

Aun no existen estudios serios sobre los daños causados a la Chiquitania, algunos informes superficiales se animan a lanzar algunas cifras que son de terror: millones de animales incinerados, pueblos indígenas y campesinos aún más empobrecidos y con sus aguas contaminadas por las cenizas y, más de seiscientas variedades de árboles quemados, los cuales, en el mejor de los casos, y si la mano del hombre y del “desarrollo” no intervienen, tardarían entre 200 y 500 años en regenerarse de forma natural. La reforestación está lejos de las políticas del nuevo gobierno de transición y más aún de los empresarios privados, no solo por su costo altísimo; sino porque el bosque está considerado como una mercancía y recurso natural a explotarse, como nos lo demostraron gobiernos anteriores al del ex presidente Evo Morales.

Las llamas que generaron la devastación

La devastación de la amazonia, del Gran Chaco y la Chiquitina viene impulsada por intereses económicos de grandes sectores empresariales y de campesinos colonizadores afines al MAS, partido que gobernaba Bolivia. Desde el segundo mandato de gobierno de Evo Morales, se promovió la “Agenda Patriótica”, un paquete de proyectos que tiene el fin de mantener el nivel de crecimiento económico del país. A partir de las conclusiones de esta agenda, sectores campesinos y empresarios agroindustriales se propusieron ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año, arguyendo, engañosamente, garantizar la soberanía alimentaria con maíz y soja transgénica, producto que después se convertirían en la base de producción de los tan publicitados “biocombustibles” que se comercializan actualmente de todas las gasolineras de Bolivia. 

Producto de la “Agenda Patriótica” se aprueba la Ley 337, la cual establece “el perdonazo” de las multas por desmontes ilegales.   A partir de ello, se dispararon los desmontes en más del 50% en relación al año 2012.

El año 2015, nuevamente el Gobierno Nacional, empresarios privados y campesinos colonizadores, impulsan la cumbre denominada “Sembrando Bolivia”, y fruto de ello aprueban la Ley 741, que permite los desmontes individuales de 5 a 20 hectáreas sin ningún trámite, con la terrible consecuencia de aumentar en 250 mil hectáreas desmontadas a las ya permitidas por la Ley 337.

El año 2019, el entonces gobierno de Morales, aprueba el decreto 3973 , mediante el cual, se legalizan los desmontes y las quemas de las tierras de producción forestal permanente, es decir de bosques que permanecían protegidos y/o resguardados por algunas Leyes. Este decreto seria rechazado por las organizaciones indígenas del oriente boliviano, las que nuevamente denunciaban al gobierno de Morales por ecocida y por  consentir la destrucción de su “casa grande”.

Alcides Vadillo, responsable nacional de la Fundación Tierra, responde a nuestra pregunta: ¿hizo el Gobierno de Morales el intento suficiente para sofocar las llamas en la Chiquitania?

  • “Yo creo que el gobierno hizo lo suficiente para encender los incendios. El gobierno de Evo Morales es responsable de los incendios no porque puso la mecha; sino porque fue quién autorizo los niveles de desmontes que tenemos, fue quien autorizo las quemas bajo un concepto de quemas controladas, que con los vientos que tenemos no se controló nada. Y es responsable porque hasta hoy día el – anterior –  gobierno no nos ha mostrado una persona culpable de los incendios. No hay culpables y nadie quiere asumir las responsabilidades. El gobierno hizo todo para generar el desastre que hoy vivimos.

Al final las lluvias asomaron por las zonas devastadas y apagaron finalmente los incendios, en caso de seguir ausentes estaríamos hablando no solo de 5.000.000 de hectáreas calcinadas; sino de parques nacionales, áreas protegidas y territorios indígenas devastados, no solo dentro la Chiquitania, Santa Cruz o Bolivia, sino también hubiesen avanzado con mayor fuerza hasta Paraguay.  

La décima marcha indígena en defensa del bosque Chiquitano

A partir de las afectaciones directas a comunidades indígenas en la Chiquitania, el 16 de septiembre los pueblos ahí existentes se organizanron para caminar desde San Ignacio de Velasco, 370 kilometros hasta la ciudad de Santa Cruz, exigiendo al gobierno de Morales la urgente declaratoria de desastre nacional, y abrogación de leyes que permitieron las quemas y los nuevos asentamientos en su territorio. La dirigencia indígena denunció la intervención gubernamental a través de agentes que intentaron dividir y cooptar algunos líderes. Jhenny Suarez, presidenta de  la organización de mujeres de la CIDOB, apunta: “El gobierno nos quiso dividir desde el principio mediante sus operadores políticos. Al principio asumimos la responsabilidad de movilizarnos en unidad y con todas las organizaciones de la región; pero antes de iniciar la marcha el gobierno logró que un grupo importante de hermanos indígenas nos quite el apoyo. Nosotras estamos acostumbradas a luchar contra estas actitudes divisionistas, lo hemos vivido en el Tipnis (El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), y lo estamos viviendo ahora”. El Tipnis es un territorio Indígena famoso por su resistencia férrea a a construcción de una carretera por medio de su territorio.

La movilización indígena transcurrió en medio de un cerco comunicacional, intentos de cooptación por parte del gobierno central y de las organizaciones cívicas y políticas de la ciudad de Santa Cruz. Aun así, la columna de la marcha llegó a la ciudad de Santa Cruz en plenas tensiones pre electorales, y se quedó ahí durante todo el periodo de convulsión política y social que acabó en la renuncia de Evo Morales.

Pablo Solón, director de la Fundación Solón, afirma que la nueva presidenta del “gobierno de transicion” asuma la responsabilidad de abrogar las leyes y decretos que impulsaron los incendios de la Chiquitania lo más antes posible, El próximo gobierno que sea elegido a través de nuevas elecciones, luego de las que fueron anuladas,  asumirá a mediados del próximo año y no podrá hacer nada contra los nuevos incendios que, amparados en la Ley 3973, volverían a desmontar y quemar ese y otros territorios.

Ayoreos, las comunidades indígenas más afectadas por los incendios en la Chiquitanía

La raíz étnica del pueblo Ayoreo que actualmente habita una parte del territorio Chiquitano, está en los pueblos no contactados que están en Ñembi Guasu, una Reserva que está dentro de Charagua Iyambae, el primer territorio  en consolidar su autonomía indígena  en la Bolivia plurinacional, y a la que también llego el fuego.

Alcides Vadillo nos comenta que dentro del territorio Chiquitano hay siete comunidades Ayoreas seriamente afectadas por el fuego, no porque se hayan quemado sus cultivos, que son pocos, sino porque dentro del bosque quemado hallaban sus alimentos, las cortezas de los árboles que les servían de materia prima para hacer artesanías que comercializaban en las ciudades. El agua que consumían está contaminada por las peces murieron a causa de las toxicas cenizas que cayeron sobre los ríos y las represas.

Las posibilidades de que los Ayoreos comiencen una migración masiva a la ciudad de Santa Cruz están más vigentes que nunca. En las terminales de buses y en los centros comerciales se los ven mendigando o vendiendo las pocas artesanías que aún les queda. Estas migraciones se suman a las ya existentes en las periferias de la ciudad de Santa Cruz, donde los indígenas son maltratados y discriminados por un estigma creado a partir de su raíz nómada.  

Las llamas que coadyuvaron en la caída de Evo Morales.  

Sin duda uno de los temas que más indignó  al país este año fue el de los incendios en la Chiquitania. Las imágenes del bosque ardiendo, animales quemados y algunas poblaciones rurales desplazadas por el fuego, fueron el pan de cada día durante meses. Como esta tragedia tan fresca permaneció en la memoria y la indignación de las poblaciones urbanas, se la usó también para impulsar una movilización que fue mutando en sus exigencias,  ya que en un  principio exigía una segunda vuelta a las elecciones generales, después la anulación de las mismas y al final la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera.  A partir de un informe parcial de la OEA, donde hallaba serios indicios de fraude electoral, las movilizaciones se fueron tornando más violentas al punto de amenazar familiares cercanos de funcionarios de Gobierno o quemar viviendas de Ministros y hasta de la hermana de Evo Morales. Finalmente, las extrañas presiones de la policía y sugerencias del propio ejército terminaron en efectivizar el fin del gobierno de Evo Morales y la posterior militarización que terminó con más de treinta vidas.

Con el fin de la era Evo Morales se van, momentáneamente, también algunos fantasmas que amenazaban con imponer construcciones de mega proyectos o la expansión de la frontera agrícola en áreas protegidas o territorios indígenas. El gobierno en transición se sostiene, entre otros, gracias al apoyo de los actores agroindustriales que también apoyaron al Ex presidente Evo Morales.

El gobierno actual ya lanzo señales de cuáles podrían ser sus políticas futuras respecto a las áreas protegidas y territorios indígenas. Las organizaciones indígenas, disidentes del anterior gobierno, se declararon en emergencia y se están aglutinando en torno a la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIACAP), para resistir futuras agresiones a sus territorios. Las que estaban afiliadas al régimen anterior, tendrán que buscar alianzas con sus pares y juntar fuerzas.

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