Mientras que una nueva ronda de incendios forestales cobraba impulso en los bosques tropicales bolivianos de Chiquitanía, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza culpó del “ecocidio” de 5 millones de hectáreas del año pasado al gobierno boliviano y a la industria agroindustrial. Y ahora, mientras el gobierno se prepara para otra temporada electoral, ha declarado el estado de emergencia en la Chiquitanía.
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El incendio forestal en la Chiquitanía el año 2019 fue una tragedia sin precedentes. Este bosque endémico que se encuentra entre la Amazonia y el Chaco boliviano y que limita en sus fronteras con Paraguay y Brasil ardió por noventa días sin que el gobierno pudiese controlarla.
El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), en la lectura de la sentencia por el caso Chiquitania y Amazonia contra el Estado Plurinacional de Bolivia determinó el pasado agosto 20 del 2020, que los incendios del pasado año fueron un “ecocidio provocado por la política del Estado y el agronegocio”, y responsabiliza de estos hechos al Gobierno del expresidente Evo Morales, al de Jeanine Añez, actual presidenta en transición y a los gobiernos departamentales de Santa Cruz y Beni. Más adelante sugiere que el paquete de normas, leyes y decretos que dieron paso a los incendios en Bolivia sean abrogados con el fin de que estos hechos no se repitan — el llamado “paquete incendiario”.
Ese 2019, el fuego había, literalmente, arrasado más de cinco millones de hectáreas de bosque en toda Bolivia, según estimaciones de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), y solo en el departamento de Santa Cruz aproximadamente cuatro millones. Ardieron territorios indígenas y reservas ecológicas en ocho de los nueve departamentos que existen en Bolivia. Estamos hablando de superficies arrasadas de un tamaño aproximado al de países como Suiza o Costa Rica.
En Bolivia las reacciones fueron diversas y se estuvieron entremezclando con actores políticos en un año de extrema polarización debido principalmente a las Elecciones Generales que fueron después acusadas de fraudulentas por la OEA y que fue en sí criticado por expertos internacionales.
“La devastación de la Chiquitanía en el ocaso de Evo Morales”, es el título de un artículo que escribí el año pasado. Ahí tejía ideas en torno a la tragedia que los incendios implicaban para la Chiquitanía, amazonia y pueblos indígenas que viven en esos territorios. Exploraba también como este hecho había influido directamente en el proceso de derrocamiento del gobierno de Morales. Un mes antes de que esto sucediera, nos embarcamos en un viaje desconocido a la Chiquitanía, ese bosque inmenso y hermoso que había estado ardiendo por tres meses.
Llegamos a San José de Chiquitos, precisamente cuando una movilización indígena se acercaba a esa comunidad. Una larga columna de personas, al son de flautas y tamboras, se aproximaba y llevaba un cartel que decía: “X Marcha Indígena en Defensa del Bosque Chiquitano”. Esa movilización recorrió caminando más de 300 kilómetros desde San Ignacio de Velasco hasta la ciudad de Santa Cruz, exigiendo al entonces gobierno del MAS[1], la declaratoria de desastre ambiental y la abrogación de leyes que permitieron las quemas y los nuevos asentamientos en su territorio.
[1] Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales
Doña Jeaneth Ardaya, indígena Chiquitana, venía caminando con su hija de 4 años cargada en brazos desde la comunidad Mercedes Soliz, cerca de la frontera con Brasil. Ella nos dijo que viene marchando porque su comunidad es una de las más afectadas por los incendios, que llevan luchando contra el fuego más de un mes y que el 98 por ciento de la reserva Marfil había sido arrasada por los incendios.
Más adelante apunta que el fuego vino por dos frentes: uno por el lado brasilero y otra que se había extendido desde el Parque Nacional Noel Kempff Mercado – declarado patrimonio de la humanidad del año 2000 – por el lado boliviano.
A estas alturas las críticas al gobierno de Evo Morales eran generalizadas; sus detractores lo acusaban de causar los incendios por una serie leyes y decretos que había promovido. Aun así, al momento de su derrocamiento, su partido político, el Movimiento al Socialismo, seguía liderando en las encuestas con casi un 40% frente al 26% de Carlos Mesa, su contendiente más fuerte.
En uno de los tramos de nuestro viaje a la Chiquitanía encontramos a Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, quien, junto a su equipo, hacen el monitoreo de los incendios. Él nos comentó que “durante más de dos terceras partes del año 2019, las lluvias estuvieron ausentes en este territorio, los niveles de calor bordeaban en promedio los 35 grados centígrados y la humedad se había reducido en un 50 por ciento en relación al año anterior.” El cambio climático había hecho bien su trabajo para potenciar la magnitud de aquellos incendios.
¿Pero cuáles son los decretos y leyes por los que se acusa a Morales de causar los incendios en la Chiquitanía y cuál es la participación de sus detractores políticos, los empresarios agroindustriales?
Desde el segundo mandato de gobierno de Evo Morales, 2009 al 2014, se promovió la “Agenda Patriótica”, plan de desarrollo compuesto por trece pilares, que tenía el fin de incrementar el nivel de crecimiento económico en el país. A partir de las conclusiones de esta agenda, sectores campesinos y empresarios agroindustriales se propusieron ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año, arguyendo, engañosamente, garantizar la soberanía alimentaria con maíz y soya transgénica destinada principalmente a la alimentación de la industria ganadera, la exportación, y a la producción de los tan publicitados “biocombustibles”. Producto de la “Agenda Patriótica” se aprobó en 2013 la Ley 337, la cual establece “el perdonazo” de las multas por desmontes ilegales. A partir de ello, se dispararon los desmontes en más del 50% en relación al año 2012. (Ver infografía)
El año 2015, nuevamente el Gobierno Nacional, empresarios agroindustriales y campesinos interesados en la producción de monocultivos, impulsan la cumbre denominada “Sembrando Bolivia”, y fruto de ello aprueban la Ley 741, que permite los desmontes individuales de cinco a 20 hectáreas sin ningún trámite, con la terrible consecuencia de aumentar 250 mil hectáreas desmontadas a las ya permitidas por la Ley 337.
En julio de 2019, el entonces gobierno de Morales aprobó el decreto 3973, mediante el cual, se legalizan los desmontes y las quemas de las tierras de producción forestal permanente, es decir de bosques que permanecían protegidos y/o resguardados por algunas leyes. Este decreto sería rechazado por las organizaciones indígenas del oriente boliviano, las que nuevamente denunciaban al gobierno de Morales por ecocida y por consentir la destrucción de su “Casa Grande”.
En todo este proceso de redacción de leyes y decretos que, de alguna manera, fueron un detonante para provocar los incendios forestales en la Chiquitania, uno de los actores siempre presentes fueron los empresarios agroindustriales de Santa Cruz, quienes, agazapados en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, fueron uno de los principales actores para el derrocamiento del gobierno de Morales.
Ayoreos: el pueblo indígena más afectado por los incendios en la Chiquitanía
En uno de sus puntos, la sentencia del TIDN, hace referencia a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad: “El Tribunal ha conocido que los incendios forestales han afectado a 36 territorios indígenas en una extensión de 1,226,714 hectáreas. Entre los pueblos indígenas afectados se encuentran: Chiquitano, Ayoreo, Guaraní, Guarayo, Cayubaba, Baures, Sirionó y Aaraona. Adicionalmente, llama la atención la afectación a Ñembi Guasu, declarada como área protegida por el Gobierno Autónomo Indígena de Charagua Iyambae, y que forma parte de los circuitos territoriales de trashumancia del pueblo Ayoreo en situación de aislamiento voluntario. Los incendios han alcanzado las 426,028 hectáreas, es decir el 36% de su superficie”.
La raíz étnica del pueblo Ayoreo, que actualmente habita una parte del territorio Chiquitano, está en los pueblos no contactados que recorren Ñembi Guasu, un área de conservación que está dentro de Charagua Iyambae, el primer territorio en consolidar su autonomía indígena en la Bolivia plurinacional, y a la que también llegó el fuego.
Alcides Vadillo nos comentó que “dentro del territorio Chiquitano hay siete comunidades Ayoreas seriamente afectadas por el fuego, no porque se hayan quemado sus cultivos, que son pocos, sino porque dentro del bosque quemado hallaban sus alimentos, y las cortezas de los árboles que les servían de materia prima para hacer artesanías que comercializaban en las ciudades. El agua que consumían está contaminada por los peces que murieron a causa de las tóxicas cenizas que cayeron sobre los ríos y las represas”.
A partir de la afectación a su territorio, algunas personas pertenecientes al pueblo Ayoreo emprendieron migraciones hacia la ciudad de Santa Cruz. En las terminales de buses y en los centros comerciales puede vérseles mendigando o vendiendo las pocas artesanías que aún les queda. Estas migraciones se suman a las ya existentes en las periferias de la ciudad de Santa Cruz, donde los indígenas son maltratados y discriminados por un estigma creado a partir de su raigambre nómada.
La presidencia transitoria y los actores del agronegocio en el Estado
Cuando Jeanine Añez fue por primera vez expuesta por los medios de prensa, horas después de asumir la presidencia de Bolivia de forma transitoria, una de las más famosas fotografías suyas exhibidas, era una donde sostenía un cartel que decía: “¡declaración de zona de desastre, ya!”, en referencia a lo que estaba ocurriendo en la Chiquitania y la Amazonía.
Un mes después de asumir el gobierno boliviano, en diciembre de 2019, el TIDN le sugirió que el Estado boliviano abrogue el “paquete de decretos que habrían dado paso a las quemas de la Chiquitania y Pantanal”. Pese a esto, el Estado no hizo ninguna modificación en términos legales; por el contrario, la presidenta en transición invitó a su equipo Ministerial a Oscar Ortiz y Branko Marinkovic, el primero como ministro de Economía y Finanzas Púbicas y el segundo como Ministro de Planificación del Desarrollo. Ambos personajes están ligados a los agronegocios, siendo impulsores de la producción de soya y maíz transgénico, industrias que han promovido la quema de los bosques.
En esta misma línea, el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presentó un plan para reactivar el sector agropecuario aduciendo que “pronto faltarán alimentos”, creando un fondo para tales fines; sin embargo, la mayor parte del presupuesto será inyectado en el reducido grupo empresarial de Santa Cruz dedicado al agronegocio. Manuel Morales, activista medioambiental y miembro del Consejo Nacional por la Democracia (CONADE), denunció que el gobierno pretende introducir una variedad de eucalipto transgénico con miras a “reforestar la Chiquitanía”. Mientras tanto la Fundación Solón alerta que los focos de calor en septiembre aumentaron en 65% respecto al año pasado, sin embargo, las cifras indican que los incendios en los bosques de la Chiquitanía se redujeron significativamente porque la masa boscosa que ardió el pasado año ya no existe más.
La ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinkert, indica que, en este mismo periodo, el año pasado, ya habían ardido cerca de 2.5 millones de hectáreas.
El Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua contabilizo un aproximado de 500 Mil hectáreas quemadas hasta la segunda quincena del mes de septiembre del presente año.
Aunque no existen estudios serios sobre los daños causados a la Chiquitania, algunos informes superficiales se animan a lanzar algunas cifras que son de terror: millones de animales incinerados, pueblos indígenas-campesinos aún más empobrecidos y con sus vertientes de agua contaminadas por las cenizas, y más de seiscientas variedades de árboles quemados, los cuales, en el mejor de los casos, y si la mano del hombre y el “desarrollo” no intervienen, tardarían entre 200 y 500 años en regenerarse de forma natural.
Actualmente Evo Morales se encuentra asilado en la Republica de Argentina después de que, en noviembre del año pasado, la policía y las Fuerzas Armadas le sugerirían su renuncia después de una masiva protesta que en un principio llevaba la bandera de la Chiquitanía.
El pasado 16 de septiembre, Añez, a la vez que promovió un estado de emergencia por los incendios, promulgó el Decreto Supremo 4333, con el cual abroga el Decreto Supremo 3973 del 9 de julio de 2019, que ampliaba la autorización de desmontes en el departamento de Beni. Según el investigador del Centro de Documentación e información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, lo que hizo Añez fue “repetir el objetivo del decreto derogado, vuelve a incluir a Beni en el esquema y permite extender el modelo depredador de la agroindustria cruceña, permitiendo el desmonte intensivo transformando y afectando radicalmente la estructura y funciones del suelo en este departamento”.
“Evo, Jeanine, los mismos ecocidas” y “Abrogación del paquete incendiario”, se destacaron entre los lemas con las que los activistas empapelaron la entrada del Ministerio de Planificación de Santa Cruz con sus consignas, exigiendo la anulación de una docena de normas que autorizan y condonan los desmontes y quemas para la ampliación de la frontera agrícola, según el periódico Pagina Siete.
“El Gobierno cambió un decreto incendiario por otro,” el CEDIB, Centro de Documentación e Información Bolivia, informó.
Alan Zambrana Lineo es un documentalista y fotógrafo independiente que ha cubierto las luchas contra el extractivismo y el despojo y recuperación de territorios indígenas en el altiplano, valles y Amazonas bolivianos. Ha producido las memorias audiovisuales de las movilizaciones indígenas y campesinas en Bolivia desde 2011. Periodista autodidacta y miembro del Chaski Clandestina, colectivo autónomo de acción y comunicación.
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