Texto y fotos: Tracy L. Barnett

Hace treinta años, la comandanta Ramona —una mujer tzotzil de pequeña estatura que representaba al movimiento zapatista— marchó hasta la Ciudad de México con su delegación enmascarada y ayudó a poner en marcha un espacio político indígena nacional que se convertiría en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Este octubre, el CNI volvió a la capital para celebrar su 30 aniversario dentro de otro potente símbolo de desafío indígena: un antiguo edificio del gobierno federal dedicado a asuntos indígenas (INPI), ocupado hace seis años por mujeres otomíes y transformado en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, en honor al defensor indígena de la tierra y el agua asesinado en Morelos en 2019.

El simbolismo era imposible de ignorar. También el agua.

A lo largo de tres días de testimonios y debate, el agua apareció una y otra vez: ríos contaminados en Veracruz, acuíferos agotados y agua sucia en las tuberías de Jalisco, pozos en disputa en Puebla, megaproyectos y minería que amenazan comunidades desde Oaxaca hasta Sonora.

Lo que tres décadas antes había comenzado como una lucha por la autonomía indígena se libraba ahora, cada vez más, en torno a una de las necesidades más básicas de México.

“¿Por qué caminar aislados?”

El CNI remonta su nacimiento directamente al terremoto político provocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o EZLN, que se levantó en armas en Chiapas el 1 de enero de 1994, tomó varias cabeceras municipales y exigió tierra, democracia y derechos indígenas. La respuesta del gobierno fue militar: envió tropas para sofocar la rebelión, desatando 12 días de enfrentamientos que dejaron decenas de muertos antes de que la presión de la sociedad civil contribuyera a un cese al fuego.

Dos años después, tras los diálogos de San Andrés Larráinzar entre los zapatistas y el gobierno federal, pueblos indígenas de todo el país llevaron a otro nivel un movimiento por los derechos indígenas que ya venía creciendo, construyendo un espacio nacional propio.

María de Jesús Patricio Martínez —mejor conocida como Marichuy, médica tradicional nahua de Jalisco y veterana vocera del CNI, quien en 2017 se convirtió en la primera mujer indígena en buscar la Presidencia de México— recordó aquellos inicios durante la plenaria inaugural.

Las comunidades apenas se conocían entre sí, dijo, pero rápidamente descubrieron cuánto tenían en común: conflictos agrarios, deficiencias en los servicios de salud y educación, divisiones internas muchas veces fomentadas desde afuera.

“Si hay coincidencia en los problemas, ¿por qué caminar aislados?”, recordó que se preguntaban.

La respuesta fue el CNI: no un partido político ni un organismo gubernamental, sino un espacio autónomo de encuentro entre pueblos, naciones, tribus y comunidades indígenas comprometidos con la defensa del territorio y con ejercer la libre determinación en sus propios términos.

Durante el encuentro de aniversario, esa autonomía podía verse en la propia arquitectura del evento. Los delegados indígenas se reunían en privado en mesas de trabajo dentro del edificio. Afuera, bajo una enorme carpa que cubría la calle cerrada al tránsito, los aliados invitados —estudiantes, feministas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y otras organizaciones— sostenían discusiones separadas sobre cómo apoyar al CNI sin intentar dirigirlo.

En las plenarias públicas, ambos grupos se reunían para compartir conclusiones. Después, los delegados indígenas volvían al interior para continuar sus propias deliberaciones, mientras bajo la gran carpa se desarrollaban un festival de música y arte y una feria callejera.

El agua como advertencia

Si hubo un tema capaz de conectar las geografías y poblaciones radicalmente distintas representadas en el encuentro, fue el agua.

Cecilia Sánchez Martínez, del colectivo veracruzano Mujeres que Luchan por la Vida, describió comunidades que resisten megaproyectos que, dijo, generan muy pocos empleos locales y dejan sobre todo contaminación: “para nuestros ríos y nuestras playas y nuestras lagunas y todos los cuerpos de agua que tenemos”.

Delegados wixaritari del occidente de México hablaron de acuíferos amenazados por la minería y la agricultura industrial. Participantes de Puebla describieron comunidades enfrentándose a policías y maquinaria por la defensa de sus pozos. Otros hablaron de presas, desarrollos turísticos, corredores industriales y expansión urbana.

Carlos Beas Torres, defensor de los derechos humanos y veterano del CNI desde hace décadas, sostuvo que precisamente estos conflictos explican por qué el Congreso importa mucho más allá de las comunidades indígenas.

“El mensaje que está mandando el Congreso Nacional Indígena no es para los pueblos indígenas”, dijo. “Es un mensaje que va más allá.”

Una de las expresiones más claras de esa crisis más amplia, dijo, es el agua, y señaló el caso de Guadalajara, donde cientos de miles de habitantes han estado recibiendo agua turbia y contaminada.

Comprar otro garrafón puede resolverle el día a una familia, dijo, pero no resuelve el problema de fondo.

Ese mismo patrón apareció repetidamente durante el encuentro: conflictos aparentemente locales por un manantial, un acuífero, un bosque o un río terminaban conduciendo a preguntas mucho más grandes sobre quién tiene derecho a decidir qué ocurre en un territorio: las comunidades, los gobiernos o las empresas.

“Con ley o sin ley”

El aniversario pronto se convirtió en un desafío directo al gobierno de Sheinbaum.

La administración ha celebrado como un avance histórico la reforma constitucional de 2024 que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Pero los delegados del CNI mostraron una profunda desconfianza hacia la propuesta de ley destinada a llevar esos derechos a la práctica, tanto por su contenido como por la manera en que se estaba pidiendo a las comunidades indígenas que la revisaran.

Ramón González López, wixárika y excomisariado de bienes comunales de Tuxpan de Bolaños, describió cómo a las comunidades se les entregaba de pronto un documento enorme y se les pedía una opinión casi de inmediato.

“Llegan de repente y nos dicen: ‘Mira, traemos esta ley y necesitamos que lo revisen y que nos den el punto de vista si está bien o está mal’”, dijo. “Entonces, pues, casi de la noche a la mañana. Eso no se vale.”

Luego señaló la magnitud de la tarea:

“Todo ese libronón tan grueso de cuatrocientos cincuenta y tantos artículos. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no nos invitaron cuando lo estaban haciendo? … En un día, dos días, no se puede ver eso.”

Para el segundo día, representantes de 35 pueblos indígenas habían llegado a una postura casi unánime: rechazar la propuesta.

Carlos González, abogado indígena de Jalisco, miembro fundador del CNI y una de las principales voces jurídicas del país en materia de derechos indígenas, leyó la declaración de clausura.

Al presentar sus conclusiones ante la plenaria, los delegados declararon: “Con ley o sin ley vamos a seguir ejerciendo nuestra libre autodeterminación como lo decidamos de acuerdo a los diferentes territorios que habitamos.”

El pronunciamiento final fue aún más lejos.

“La consulta indígena es una facultad de nuestros pueblos, no del Estado ni de las empresas”, establecía.

Los propios pueblos, a través de sus asambleas y sistemas normativos, son los únicos que pueden decidir si procede o no una consulta, continuaba el documento.

“La ocupación de nuestros territorios y la destrucción de nuestros pueblos no es consultable.”

El pronunciamiento llamó a fortalecer y hacer crecer al CNI en todas las regiones de México y exhortó a las comunidades participantes a llevar los acuerdos de regreso a sus propias asambleas. También exigió acciones frente a las desapariciones, los presos políticos y los ataques contra defensores del territorio, al tiempo que reafirmó su respaldo a la autonomía zapatista.

Resistencia — y alegría

A pesar de todos los testimonios sombríos, el ambiente del encuentro fue sorprendentemente alegre.

Por las noches, la música llenaba el patio. Se pintaron murales. Hubo talleres que iban desde formación política hasta el compostaje de los residuos generados en los baños secos instalados para atender al encuentro. Niñas y niños corrían entre las reuniones. Jóvenes jugaban pelota, el antecedente prehispánico del futbol, en la calle acordonada. De enormes ollas humeantes salía comida abundante y deliciosa, servida en platos rebosantes por mujeres otomíes con sus coloridos cuellos plisados.

El informe de una de las mesas de trabajo captó bien esa contradicción: la resistencia, se dijo, no se limitaba a decir no a los megaproyectos o a las leyes gubernamentales, sino a “seguir resistiendo desde el amor, desde la esperanza,pero también desde la rebeldía”.

También había una clara sensación de relevo generacional.

Algunos de los veteranos que ayudaron a construir el CNI son ahora personas de edad avanzada. Jóvenes, mujeres y asistentes de primera vez estaban por todas partes.

Noé Valentín Aguilar Rojas, de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco, asistía por primera vez a un encuentro nacional del CNI junto con su hijo Fernando, de 22 años, quien ahora ocupa el máximo cargo de autoridad en su comunidad como comisariado de bienes comunales. Su comunidad lleva años en una lucha histórica por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas, una lucha que el año pasado llevó al asesinato de uno de sus líderes. Escuchar tantas historias de despojo y resistencia resultaba abrumador, dijo, pero también, de una manera extraña, reconfortante.

Los detalles cambiaban de un lugar a otro, pero “la lucha de todos… es la misma”, dijo. “El mismo camino de uno es de todos en estas luchas.”

Un edificio cambia de manos

El CNI clausuró formalmente su encuentro de aniversario poco después de las 2 de la tarde del 12 de octubre.

Entonces tomaron el micrófono las mujeres otomíes que habían sido anfitrionas del Congreso.

Seis años antes habían ocupado la sede del organismo federal de asuntos indígenas y se habían negado a salir, convirtiéndola en vivienda, centro de organización y lugar de encuentro para movimientos que iban mucho más allá de su propia comunidad.

Ahora, invocando a la comandanta Ramona y a los zapatistas, anunciaron que la Casa de los Pueblos pasaría a ser patrimonio del CNI y del EZLN.

Treinta años después de que Ramona marchara hasta la Ciudad de México para ayudar a crear un movimiento indígena nacional, otro grupo de mujeres indígenas se encontraba sobre un escenario frente a un edificio gubernamental que habían hecho suyo y, simbólicamente, lo entregaban a ese movimiento.

El aniversario había terminado.

La lucha inconclusa, no.

Tracy L. Barnett es una periodista independiente basada en Guadalajara, donde maneja la revista bilingüe El Proyecto Esperanza.

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