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Dentro de la toma otomí de la sede del INPI
By Victor Ibarra Posted in Mexico, Pueblos Indígenas on 12 noviembre, 2026 0 Comments
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Entrada a la “Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’”, en español y otomí.

Texto y fotos: Tracy L. Barnett
Mexico News Daily

A los 18 años, Anselma Margarito había pasado toda su vida esperando afuera de oficinas de gobierno.

Su familia otomí, originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, vivía en uno de varios predios precarios ocupados por migrantes indígenas en el centro de la Ciudad de México. Su casa estaba hecha de láminas de metal llenas de agujeros.

“Cuando llovía, teníamos que tapar nuestras cobijas. Teníamos que poner cubetas en toda nuestra casita para que nosotros no nos mojáramos”, recordó.

Durante años, integrantes de la comunidad acudieron a las autoridades para exigir una vivienda digna. Llevaban documentos a la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, la dependencia federal encargada de atender los derechos de los pueblos indígenas.

“Solo el documento entraba, pero te quedabas afuera”, dijo Margarito.

Muñecas Lele, las emblemáticas muñecas otomíes de Querétaro, enmarcan una obra de arte indígena dentro de la antigua sede del INPI, hoy Casa de los Pueblos. Desde que las mujeres otomíes ocuparon el edificio hace seis años, lo han transformado en vivienda, espacio comunitario y de organización, y en resguardo de lo que describen como la mayor colección de arte indígena de México.}

El 12 de octubre de 2020 decidieron entrar ellos también.

Alrededor de las 8 de la mañana, unas 100 personas de la comunidad otomí se reunieron cerca de la sede del INPI, en Avenida México-Coyoacán. Margarito recuerda que tenía miedo.

“Podíamos enfrentar una represión, nos podían golpear, nos podían sacar como pudieran”, dijo. “Ese día todos veníamos con miedo.”

Los niños entraron primero, seguidos por las mujeres y después por los hombres. Como la pandemia mantenía a muchos empleados federales en casa, había relativamente pocos trabajadores dentro. La comunidad les pidió que salieran.

“La toma del INPI se hizo pacíficamente”, dijo Margarito. “Nunca golpeamos a ningún compañero, nunca golpeamos a ninguna persona trabajadora de aquí.”

Pensaban quedarse una semana.

Seis años después, siguen ahí.

Delegados e invitados reciben abundantes comidas tradicionales preparadas por las mujeres otomíes —gratuitamente— en un antiguo estacionamiento pintado con murales de temática indígena y convertido en comedor comunitario.

Lo que comenzó como una protesta audaz por la vivienda transformó un edificio federal de seis pisos en algo que ni el gobierno ni quienes lo ocuparon parecían haber previsto: una vivienda colectiva, escuela autónoma, comedor comunitario, centro cultural y espacio de organización para pueblos indígenas y movimientos sociales de todo México.

La antigua sede del INPI se llama ahora Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, en homenaje al defensor indígena del territorio y del agua asesinado en Morelos en 2019.

Su transformación quedó a la vista el mes pasado, cuando más de 600 delegados indígenas y aliados invitados se reunieron allí para celebrar el 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena, o CNI. Mujeres otomíes cocinaron para cientos de personas en un antiguo estacionamiento convertido en un colorido comedor cubierto de murales de resistencia, mientras los delegados se reunían bajo una enorme carpa instalada sobre un tramo cerrado de Avenida México-Coyoacán.

De Santiago a la Ciudad de México

Para Isabel Valencia, de 59 años, la historia de cómo llegó la comunidad hasta aquí comenzó hace más de medio siglo.

Valencia nació en Santiago Mexquititlán y llegó a la Ciudad de México siendo niña. Sus recuerdos son fragmentarios: viajes entre la ciudad y el pueblo, familiares que ya estaban en México y, finalmente, un campamento de familias otomíes en Pedregal de Santo Domingo, una extensión de roca volcánica en las orillas de Coyoacán que fue ocupada por familias sin tierra en los años setenta y gradualmente convertida en una colonia popular.

Sus padres, dijo, llegaron buscando trabajo.

“Todos los que estamos en la ciudad estamos de la misma manera, ¿no? Sobrevivir a que no hay trabajo en los pueblos.”

La migración tenía raíces más profundas. Investigadores ubican un éxodo importante de Santiago Mexquititlán a partir de la década de 1940, cuando la comunidad perdió buena parte del agua de riego que sostenía su agricultura de subsistencia. Los antropólogos Regina Martínez Casas y Guillermo de la Peña relacionan esa pérdida con la canalización del río Lerma hacia embalses regionales, en particular la presa Solís, en Guanajuato.

Valencia recuerda que sus mayores decían que “nos han robado el agua”, y hablaban de una época en que el agua del Lerma corría limpia y servía para regar.

En la Ciudad de México, su familia tampoco encontró estabilidad.

Lo que alguna vez fue un edificio federal de asuntos indígenas, la Casa de los Pueblos se ha convertido en un vasto lienzo de muralismo y grafiti indígena rebelde, con muros llenos de imágenes de resistencia, autonomía, agua, territorio y lucha zapatista.

Los recuerdos de Valencia de Pedregal de Santo Domingo son duros.

“No había agua, no había luz, era pura, pura piedra”, recordó. Sus padres lograron levantar “una casita de cartón, de láminas de cartón negras”, donde vivieron durante años. Isabel Valencia Otomí

Cuando la generación de Valencia creció y formó sus propias familias, el espacio ya no alcanzaba.

Después del terremoto de 1985, familias otomíes comenzaron a ocupar propiedades dañadas o abandonadas en Roma y Juárez, barrios céntricos que décadas después se convertirían en algunos de los sectores más gentrificados de la Ciudad de México.

En Zacatecas 74, donde vivió Valencia, prácticamente no quedaba más que escombro.

“Entramos como buscando un espacio donde quedarnos, donde que no nos mojáramos, con cartón, con láminas, con hules, con lo que encontrábamos”, dijo.

Más tarde recibieron láminas galvanizadas recicladas que con el tiempo se oxidaron, se rompieron y se llenaron de agujeros.

“Cuando hace frío las láminas absorben todo el frío. Parece un refrigerador”, dijo Valencia. “Y cuando hace calor igual absorben tanto el calor que parece un horno.” Isabel Valencia Otomí

Otras familias de la comunidad enfrentaron desalojos. Margarito recordó que habitantes de Roma 18 fueron expulsados mientras su ropa, identificaciones y otras pertenencias quedaron dentro. Después, cuando funcionarios les exigieron documentos para acceder a servicios, la contradicción resultaba particularmente indignante: sus papeles se habían perdido precisamente en el desalojo.

Pero la vivienda no era el único motivo de inconformidad.

Con el paso del tiempo, integrantes de la comunidad y sus aliados del CNI comenzaron a ver al INPI como una institución alineada con un gobierno federal que impulsaba megaproyectos en territorios indígenas.

Especialmente doloroso era el papel del entonces director del INPI, Adelfo Regino, quien provenía de espacios de organización indígena pero ahora representaba a una administración que defendía proyectos fuertemente rechazados por el CNI.

En una conferencia de prensa poco después de la toma, Valencia expresó la ruptura de manera tajante:

“Este instituto no nos representa.”

Veinticinco años tocando puertas

Para 2020, la lucha por la vivienda ya llevaba décadas.

Valencia dice que su comunidad pasó 25 años “caminando, tocando puertas”, cumpliendo requisitos y gestionando la expropiación de Zacatecas 74.

Fueron de una dependencia a otra.

“Al final de cuentas nos dimos cuenta que se echaban la bolita nada más: ‘ve allá y aquí ya no me corresponde, les corresponde a los que están allá’”, recordó.

Las mujeres otomíes que recibieron al CNI durante su encuentro por el 30 aniversario toman su lugar al frente mientras concluye el congreso y comienza la conmemoración del sexto aniversario de la comunidad. Los delegados les agradecieron la “amabilidad, solidaridad y cariño” con que recibieron a cientos de visitantes en la antigua sede ocupada del INPI.

Algunos documentos tenían fecha de vencimiento. Con el paso de los años, Valencia temía que la comunidad tuviera que comenzar nuevamente desde cero.

“Nosotros recorrimos todas las instancias de gobierno que correspondían para una expropiación”, dijo. “Nunca nos brincamos una instancia que no fuera correspondiente. Pero al final de cuentas nunca nos hicieron caso.” Isabel Valencia Otomí

La respuesta del gobierno después de la toma fue más compleja que una confrontación simple.

Tres días después, el INPI anunció que buscaría el diálogo y dijo que el gobierno federal estaba comprometido con atender las “legítimas aspiraciones” de los pueblos indígenas. Regino y funcionarios de la Ciudad de México se reunieron posteriormente con representantes de la comunidad y reconocieron como justa su demanda de vivienda digna.

Pero las negociaciones no pusieron fin a la ocupación.

Para febrero de 2022, el INPI y el gobierno capitalino ya pedían públicamente que la comunidad desalojara el edificio, argumentando que la toma obstaculizaba la atención a pueblos indígenas de todo el país y ponía en riesgo la colección de arte indígena del instituto, integrada por unas 23,000 piezas y considerada una de las más importantes del país en su tipo. Regino también presentó una denuncia por posibles daños al inmueble y a la colección.

De la ocupación a la Casa de los Pueblos

Mientras tanto, la vida dentro del edificio comenzó a adquirir su propia dinámica.

Cuando las autoridades no los retiraron rápidamente, las familias otomíes organizaron comisiones de alimentación, seguridad, limpieza y comunicación. Colectivos solidarios llevaban arroz, frijoles y otros alimentos. Con el tiempo, comenzaron a abrir el espacio a otros pueblos indígenas.

“Vimos que nuestra lucha, nuestra demanda son las mismas que otros pueblos”, dijo Valencia.

Empezaron a invitar a otras comunidades a realizar reuniones y conferencias, dijo, “a darle uso a este edificio, a dar la información que este edificio nunca dio”.

De esa transformación nació la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Después surgió una escuela autónoma, junto con espacios para delegados visitantes, artistas, organizadores y movimientos sociales. Isabel Valencia Otomí

“Aquí despachaba el traidor de los pueblos indígenas.” El mensaje se refiere al exdirector del INPI Adelfo Regino, a quien la comunidad otomí y sus aliados del CNI acusan de haber traicionado a los movimientos indígenas al respaldar políticas gubernamentales y consultas vinculadas con megaproyectos a los que se oponen.

“Un ejemplo vivo de dignidad”

En la conmemoración del sexto aniversario, Carlos González, abogado indígena y fundador del CNI, recordó que familias otomíes originarias de Santiago Mexquititlán tuvieron que venir a la Ciudad de México “a buscar la vida que se les negaba allá”.

“Y acá encuentran lo mismo que allá: la violación de sus derechos, la pobreza”, dijo.

González calificó la ocupación de seis años como “un ejemplo vivo de dignidad” y elogió a la comunidad por haber llenado el antiguo edificio burocrático “de color, de voces y de dignidad”. Inside the Otomí takeover of M…

María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, vocera del CNI y primera mujer indígena en buscar la Presidencia de México, destacó “esa resistencia, esa organización, esa permanencia”, especialmente frente a los intentos de desalojo.

“Nos han mostrado con organización y valentía defender la dignidad como pueblo, como comunidad autónoma”, dijo.

Un mural en la Casa de los Pueblos combina la demanda “Vivienda digna” con la consigna desafiante “Otomí, Otomí, ya chingamos al INPI”. La vivienda fue la demanda inmediata detrás de la ocupación de 2020, pero la toma también se convirtió en un rechazo más amplio al INPI y a su entonces director, Adelfo Regino, a quien la comunidad denunció como “traidor de los pueblos”.

La ocupación también produjo una victoria concreta en materia de vivienda.

La Ciudad de México expropió Zacatecas 74 en 2021, después de que integrantes de la comunidad realizaran otra protesta: un plantón de siete días, las 24 horas, sobre Avenida México-Coyoacán.

Ahora se construyen viviendas allí y Valencia dice que les han informado que podrían estar listas para marzo.

Pero después de aproximadamente 30 años de lucha, la perspectiva le resulta agridulce.

“Yo lo esperaba hace 25 años”, dijo. Está por cumplir 60; sus hijos ya crecieron.

Anselma Margarito, de 24 años, participa como conductora durante la inauguración del encuentro por el 30 aniversario del CNI en la antigua sede ocupada del INPI. Tenía 18 años cuando la comunidad otomí tomó el edificio en 2020; seis años después, forma parte de la generación que ha crecido hasta asumir un papel de liderazgo dentro de la Casa de los Pueblos.

La dirigente otomí Isabel Valencia recibe seis piedras volcánicas de Doña Fili, una por cada año de la ocupación otomí. Fundadora de Pedregal de Santo Domingo, Doña Fili pertenece a una generación anterior de familias pobres y desplazadas que también lucharon por un lugar en la Ciudad de México. “Las piedras no mienten, las piedras saben”, dijo.

Anselma Margarito habla durante la conmemoración del sexto aniversario en la antigua sede ocupada del INPI. “Seguimos aquí resistiendo, seguimos luchando, y vamos a seguir construyendo un mundo donde quepan muchos mundos más”, dijo ante los asistentes.

“Yo la voy a recibir porque es mi lucha, porque lo he luchado durante 30 años”, dijo.

Sin embargo, el departamento propuesto, de unos 41 o 42 metros cuadrados, no representa para ella una vivienda digna.

“No nos preguntaron como pueblos qué es o qué necesitamos, una vivienda digna.”

Valencia hizo una pausa al hablar de lo que habían costado esas décadas. Sus hijos ya habían crecido en las condiciones que ella pasó su vida adulta tratando de cambiar.

“Esto no se puede recuperar”, dijo. Isabel Valencia Otomí

Anselma Margarito en el vestíbulo de la antigua sede del INPI, hoy Casa de los Pueblos, rodeada de carteles que reflejan los movimientos que han convertido el edificio ocupado en un centro de resistencia y organización indígena.

Anselma Margarito hace una pausa para una entrevista con un medio local durante el encuentro del CNI, con mantas de personas desaparecidas a sus espaldas. Una de las decisiones del congreso de este año fue fortalecer las alianzas con colectivos de familias buscadoras y otros grupos que enfrentan la crisis de desapariciones en México.

Para Margarito, ahora de 24 años, otra generación ya se está formando dentro de la lucha.

Habla de niños que han crecido asistiendo a manifestaciones, presenciando confrontaciones y viendo organizarse a sus padres.

“Desde nuestros niños, que aquí también en la comunidad han resistido estos seis años”, dijo durante la conmemoración. “Nuestros niños son esa fuerza para poder seguir aguantando estos seis años, pero también para poder seguir resistiendo aún más.”

Carlos González, integrante fundador del CNI, calificó los seis años de ocupación otomí como “un ejemplo vivo de dignidad” y elogió a la comunidad por haber llenado la antigua sede del INPI “de color, de voces y de dignidad”.

El 12 de octubre, exactamente seis años después de entrar al INPI, la comunidad otomí hizo su declaración más audaz hasta ahora.

Margarito leyó el comunicado que anunciaba que “este edificio, Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, pasará a ser patrimonio del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”.

Treinta años después de que la Comandanta Ramona llegara a la Ciudad de México exigiendo “nunca más un México sin nosotros”, activistas indígenas habían convertido la sede de la institución federal creada para atenderlos en algo propio.

Para Margarito, ya no se trata principalmente de un edificio gubernamental ocupado.

Es el lugar donde, dice, los pueblos indígenas dejaron de esperar afuera.

“Este edificio no lo pensamos soltar”, dijo. “Este edificio ya es nuestro. Este edificio no se regresa.”

Victor Ibarra

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