Antes del amanecer del lunes, activistas indígenas que se oponen a la controvertida planta de amoníaco de Topolobampo, Sinaloa, bloquearon el camino de acceso a las instalaciones, escalando un conflicto de 12 años que ha evolucionado de una lucha local por la defensa del territorio a una campaña de alcance nacional.
Tras permanecer 17 días en plantón en el Puerto de Topolobampo, donde intentaban impedir la llegada de equipos destinados a la obra, las autoridades indígenas decidieron trasladar el bloqueo a la entrada de la planta.
Los líderes del movimiento afirman que no participarán en nuevas conversaciones con el gobierno mexicano mientras no se suspenda la construcción de la planta, desarrollada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman.
La acción se produjo después de semanas de protestas intensas. El 12 de junio, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió con representantes comunitarios en la cercana ciudad de Los Mochis, donde anunció una nueva inspección ambiental del proyecto, garantías para el derecho a la protesta y la continuidad del diálogo con las comunidades afectadas.
“Sé que hay preocupaciones legítimas sobre los posibles impactos ambientales y sociales de estos proyectos y quiero decirles que estamos aquí justamente para escucharlos,” dijo Bárcena a representantes comunitarios.
El proyecto se ubica en un territorio que comunidades yoreme-mayo consideran parte de sus tierras ancestrales.
“Hemos hecho años de diálogo… y creo que conocen perfectamente el tema; saben que este proyecto está plagado de irregularidades importantes”, dijo el gobernador tradicional yoreme Felipe Montaño.
Los opositores sostienen que la planta amenaza el ecosistema de la bahía de Ohuira, la forma de vida tradicional yoreme y la economía pesquera de la que dependen numerosas comunidades locales. La bahía forma parte del complejo Santa María–Topolobampo–Ohuira, un humedal inscrito en la Convención Ramsar como sitio de importancia internacional.
Montaño también pidió al banco alemán de desarrollo KfW IPEX-Bank que reconsidere su apoyo al proyecto.
“Este banco no puede financiar un proyecto que va a provocar un etnocidio y un ecocidio.”
Los activistas informaron que el campamento había crecido hasta reunir alrededor de 200 personas para la tarde del lunes. Montaño señaló que algunos trabajadores llegaron al sitio, pero no intentaron ingresar a las instalaciones. Según él, varios expresaron simpatía por la protesta.
“El proyecto ya está al 80 por ciento, así que no nos queda otra opción”, dijo Montaño.
“Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que dar la vida aquí, estamos preparados para hacerlo.”
Una semana antes, miles de personas marcharon de Los Mochis a Topolobampo, concluyendo con una clausura simbólica de la planta. Al mismo tiempo, se han realizado manifestaciones de solidaridad en ciudades como Culiacán, Mazatlán, Monterrey y Ciudad de México, donde activistas se congregaron frente a la Embajada de Alemania.
Manifestación frente a la embajada alemana en CDMX (Fotos de Beatriz Padilla)
KfW, que participó en el financiamiento del proyecto, no respondió directamente a las preguntas sobre las protestas recientes ni sobre la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En cambio, remitió a Mexico News Daily a una respuesta enviada en noviembre de 2025 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que defendió el proceso de evaluación ambiental y consulta del proyecto.
Semarnat y GPO no respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación.
La planta comenzó a construirse originalmente en 2015, pero el proyecto fue detenido después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara en 2022 que había avanzado sin una consulta indígena adecuada. La construcción se reanudó después de que un tribunal federal validara un proceso posterior de consulta, en el que las cuatro comunidades más cercanas a la bahía de Ohuira votaron en contra del proyecto, pero fueron superadas cuando se incorporaron siete comunidades adicionales, consideradas por los opositores como menos afectadas.
Tracy L. Barnett es periodista independiente radicada en Guadalajara y fundadora de The Esperanza Project.
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