El 8 de septiembre de 2016 fue un día trágico. Ese día Enrique Peña Nieto, presidente del país, declaró glamoroso en un evento masivo que él era un consumidor cotidiano de la Coca Cola. Sus palabras fueron festejadas con aplausos y risas por los empresarios y funcionarios que le escuchaban, mientras 6.4 millones de ciudadanos padecían diabetes, siete de cada 10 sufrían de obesidad o sobrepeso, y el país encabezaba la obesidad infantil a escala mundial. Eran los tiempos de la desfachatez y del cinismo.
Hoy esa fecha contrasta con otras dos. El 1º de octubre de 2020 se inició el etiquetado de los alimentos industrializados para prevenir a los consumidores, y el 31 de diciembre del mismo año se publicó el decreto presidencial que prohíbe la siembra del maíz transgénico y establece el retiro gradual del glifosato, el plaguicida más peligroso del mundo.
Ambas medidas fueron cuestionadas por corporativos agroalimentarios, organizaciones de grandes productores y empresas de Estados Unidos, y defendidas de inmediato por unas 150 organizaciones campesinas, sociales, académicas y de investigación (https://cutt.ly/jvIrt3s).
Ambas acciones provienen del Grupo Intersecretarial sobre Salud, Alimentación, Ambiente y Competitividad (Gisamac), integrado por cinco secretarías del gobierno actual y el Conacyt, que busca revertir las políticas neoliberales sobre esos temas (https://cutt.ly/BvIrkYZ).
En el fondo al Gisamac lo orienta, justifica y soporta una ciencia: la agroecología.
La agroecología, que comenzó hace casi tres décadas como una simple innovación técnica alternativa a los sistemas industriales para producir sin vicios alimentos sanos, es hoy un poderoso movimiento social que agrupa millones de productores, redes de mercado justo y orgánico, consumidores responsables, científicos, artistas, chefs e intelectuales.
Esto se ha hecho notable en los países de América Latina y especialmente en Cuba, Brasil y México. En torno a la agroecología se ha suscitado una explosión de proyectos, carreras, congresos, cursos, diplomados, mercados, organizaciones y publicaciones de todo tipo, y ha sido adoptada por movimientos emancipadores como Vía Campesina (200 millones), el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Campesino a Campesino de Centroamérica y el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI de México.
La agroecología ha llegado al gobierno de la 4T. No todavía como una política de Estado, explícita y coherente, pero sí como un conjunto de acciones que avanzan y se van articulando y consolidando. Un recuento se observa en cinco campos.
En conjunto, la consolidación de estas acciones situarán al país a la vanguardia, recuperando la soberanía alimentaria, empoderando a las familias, comunidades y ejidos, relanzando la tradición agroecológica de las culturas mesoamericanas, y dando a los mexicanos alimentos sanos y nutritivos.
Este artículo fue publicado originalmente en La Jornada y es reproducido aquí con permiso del autor.
Víctor M. Toledo, científico investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad), Campus Morelia UNAM, es un biólogo mexicano con doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Dr. Toledo ha compaginado su formación científica con estudios en políticas económicas, culturas agrarias y sociología rural. Experto en etnoecología (el estudio transcultural de cómo las personas perciben y manipulan sus entornos), sus estudios y aportes teóricos sobre las relaciones entre las culturas indígenas y el mundo natural son reconocidos internacionalmente. El Dr. Toledo se desempeñó como jefe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de mayo de 2019 a septiembre de 2020. Ver también: Víctor M. Toledo, Biólogo, Etnoecólogo: “Apasionado por La vida”.
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