Como si fuera el rebrote vegetal de una pradera incendiada, en México estamos viviendo la multiplicación de las resistencias comunitarias en defensa de los territorios, de la vida y de la Madre Tierra, bajo fórmulas innovadoras que incluyen el rescate de la cultura y la intervención del arte, la comunicación, y la solidaridad de sectores urbanos incluyendo comunidades de científicos.
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Una gran ceremonia por la renovación del mundo
tuvo lugar el 18 de marzo en el Cerro Quemado en Wirikuta, San Luis Potosí, sitio sagrado de los wixárika (huicholes). El evento fue organizado por el Consejo Regional Wixárika, la Unión de Centros Ceremoniales y el Comité del Cuidado y Defensa del Agua y la Tierra de Real de Catorce (ejidos).
En su convocatoria se lee: “En este momento de incertidumbres, miedo, confusión, desaliento, los abuelos wixárika llaman a levantar ‘altares espejo’ a través del arte música, danza, teatro, conversatorios, performances, temazcales, ceremonias, talleres”. Al escribir esta nota, ya se habían organizado ¡más de 400 altares espejo en los cinco continentes!
La conservación del territorio de Wirikuta y la franja por donde transita el recorrido del peyote desde hace más de mil años proveniente de Jalisco, Nayarit y Durango, es una demanda histórica que está siendo presentada al Presidente de México.
Otra resistencia notable es la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, estado de México, organización que surge en 2001 contra el Aeropuerto Internacional en Texcoco. Hoy demanda la promulgación de un área de protección de la vida
que preserve los humedales que aún permanecen de lo que fue el Lago de Texcoco, con base en un excelente estudio llamado Manos a la cuenca.
En la Ciudad de México, la Comunidad de Milpa Alta, formada por nueve pueblos cuyo origen se remonta varios siglos atrás, con un territorio que equivale a 20 por ciento de la urbe con bosques, montañas, manantiales y áreas agrícolas y pecuarias, las asambleas están generando brigadas para la defensa del territorio. Ello a contracorriente de la alta conflictividad que ha prevalecido auspiciada por los partidos políticos, los dirigentes espurios y las autoridades.
En el estado de Puebla se ha creado el Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, un consorcio de 68 organizaciones que integra campesinos, ejidatarios, maestros, obreros, jóvenes, mujeres, consumidores, danzantes, músicos y gente de conocimiento
inspirados en la filosofía del buen vivir
y dedicados al rescate del río Atoyac, los bosques y el agua, la relación de productores y consumidores, el turismo rural y el rescate de las lenguas. Entre sus logros se cuentan una Red de 22 Radios Comunitarias, una caja de ahorro, la demanda para formar un Parque Metropolitano Comunitario en el norte de la capital (que movilizó a 10 mil vecinos) y alianzas con movimientos sociales, gobiernos y universidades.
En Guerrero ocurrió un hecho inusitado. La Segunda Convención Campesina reunió a mil 255 comisarios ejidales y de comunidades en Zumpango del Río, que representan 80 por ciento de la entidad. Este evento logró un acuerdo político sobre abasto de insumos, agroecología, economía social y solidaria, gobernanza, seguridad, y defensa de los territorios. Ello ha inspirado el advenimiento de un nuevo agrarismo
, pues se anuncian encuentros similares en estados como Puebla, Veracruz y Morelos.
Por otro lado, en Chiapas, las 50 comunidades que habitan en torno a la Reserva de Montes Azules decidieron impulsar la Comunidad Lacandona como una región biocultural
y elaborar un plan de vida
como herramienta de gobierno comunitario. Se trata de un ejercicio autónomo que remonta décadas de conflicto agrario y que sitúa a estos pueblos como copartícipes de la conservación de la selva Lacandona.
Finalmente, en Yucatán la batalla que ofrecen las comunidades mayas contra las granjas porcícolas que contaminan acuíferos y suelos y especialmente el anillo de cenotes que, además de ser una reserva geohidrológica, son sitios considerados sagrados, alcanzó su mayor expresión en el caso de Homún. Esta comunidad maya no sólo logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la suspensión de la granja con 50 mil cerdos que afectan su salud y la de su entorno, sino que hoy promueve una ley autónoma, ejemplo para otras comunidades.
Todos estos logros coinciden con sentencias ganadas por las comunidades. Estos son los casos de los pueblos maseual (nahuas) de sierra Norte de Puebla que lograron la suspensión de proyectos mineros en cuatro municipios, y del litigio ganado por la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Agua, consorcio de 16 comunidades de Valles Centrales de Oaxaca, para realizar un manejo autogestionado de los mantos acuíferos.
Víctor M. Toledo, científico investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, es un biólogo mexicano, experto en etnoecología y ex Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Esta historia anteriormente apareció en español en La Jornada.
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