Nota del editor: La política climática de última hora de EE.UU., para fijar la reducción global de gases de efecto invernadero en la proliferación de vehículos eléctricos individuales fabricados con litio exclusivamente del continente americano, parece tener un efecto dominó a nivel nacional y en los países al sur de la frontera.
En abril, cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció su intención de nacionalizar la industria del litio del segundo proveedor más grande del mundo, estaba solo unos meses por detrás del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en dar ese paso. Con el dinero que se ganaría abasteciendo la demanda estadounidense, podrían aprovechar las ganancias de la nueva fiebre del “oro blanco” para financiar proyectos gubernamentales y una mejor distribución de la riqueza.
Sin embargo, la presión política para abrir nuevas minas de litio ya está causando conflictos en las comunidades indígenas y otras comunidades afectadas desde Nevada hasta Bolivia y Argentina. Los campeones de la justicia climática se están uniendo a través de las fronteras nacionales para responder. Abogan por una política que enfatice reducir el uso de energía en lugar de aumentar la producción de vehículos eléctricos, lo que suma los males de un aumento masivo en la extracción de minerales a los de la extracción de petróleo.
Desfilando como una nacionalización, el decreto presidencial de 2023 de una reserva de litio en México responde a una política climática estadounidense condenada al fracaso. La estrategia de Washington gira en torno a los incentivos para los vehículos eléctricos de pasajeros que utilizan estrictamente materias primas para baterías «hechas en las Américas», como el litio. Es un enfoque miope – por no decir nefario– para rescatar al planeta, y pone en tela de juicio la estabilidad ambiental mexicana. Esperemos que quede tiempo para remediar la situación.
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Los vehículos eléctricos de hoy dependen de baterías elaboradas con toneladas de litio. Las montañas del estado de Sonora, en la frontera norte de México con Estados Unidos, están repletas del preciado metal liviano que se conoce como oro blanco debido a su valor en la industria voraz de vehículos eléctricos. La reserva cubre 234 mil 855 hectáreas en siete municipios.
Nadie entiende las implicaciones económicas de corto plazo mejor que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Considera el decreto del 18 de febrero como un detonador en su agenda del “Momento de Sonora”. Lo compara con la nacionalización de la industria petrolera de México en 1938 por parte del entonces presidente Lázaro Cárdenas.
Este mapa de 2023 delinea en color azul la nueva reserva mexicana de litio en Sonora. Los polígonos color rojo al interior son concesiones mineras otorgadas por el gobierno a la empresa china Ganfeng; las áreas adyacentes con franjas rojas son concesiones que buscan los mismos inversionistas. Las concesiones color amarillo y con franjas amarillas corresponden a la siguiente corporación más grande que opera en la reserva, Rockland Resources Ltd., con sede en Canadá.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, al visitar el poblado minero sonorense de Bacadéhuachi para firmar el decreto, señaló: “Lo que estamos haciendo ahora (…) es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de Rusia, de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, del pueblo de México”.
Sin embargo, una diferencia conspicua entre esta supuesta nacionalización y la del siglo pasado es que ésta no implica la expropiación. En lugar de apoderarse de intereses extranjeros, la nueva paraestatal LitioMx, decretada por el presidente para regular el sector del litio, trabajará con las actuales mineras privadas para desarrollar el recurso. AMLO nombró a Durazo su coordinador.
La medida tiene el potencial de mejorar la supervisión pública de las empresas, tal y como la sucursal de la gigante transnacional china Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., que opera en el depósito más importante de Sonora. Sin embargo, el esquema de ninguna manera representa un golpe para la independencia de México ante el complejo industrial corporativo transnacional.
En cambio, muestra la marca aparentemente indeleble de la dependencia comercial global Norte-Sur del extractivismo, fijada con el apalancamiento de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
Etiquetar al litio como estratégico en México invita a una mayor inversión pública, la expone a la deuda, y al conflicto socioambiental — como se vio en Bolivia, que tiene más experiencia en este terreno. Con el gobierno tomando las riendas del desarrollo del litio, los críticos temen que se puedan ejercer desalojos o usar la fuerza para avanzar en la megaminería no deseada. La mejor prevención contra eso sería la adopción por parte del Congreso y la implementación de la largamente anhelada Ley General de Aguas, que limita los contratos privados de acceso al agua a favor del suministro comunitario.
Fundamental, la política de EE. UU.
El villano tras bambalinas aquí es la propuesta de última hora de EE. UU. para hacer frente a la crisis climática mediante una política basada en gran medida de promover la proliferación de automóviles eléctricos para uso particular.
Por supuesto, un tercio de los gases de efecto invernadero de EE. UU. se originan en el sector del transporte. Por lo tanto, la solución simplista designa 2035 como fecha límite para que todos los vehículos de pasajeros nuevos fabricados y vendidos a nivel nacional tengan cero emisiones de escape. El Fondo de Defensa Medioambiental (Environmental Defense Fund) estima que eso reduciría la contaminación climática del país en casi 350 millones de toneladas anuales, el equivalente a retirar más de 68 millones de automóviles de las carreteras.
La Ley de Infraestructura de 2021 y la Ley para Reducir la Inflación de 2022 subsidian el requisito de que los vehículos eléctricos saliendo de las líneas de ensamblaje de EE. UU. contengan sólo componentes de baterías de litio provenientes del continente americano.
Esto tiene grandes implicaciones para el futuro. Con la política energética actual, la Casa Blanca proyecta un incremento de hasta 4 mil por ciento en la demanda en las próximas décadas “para minerales como el litio y el grafito utilizados en las baterías de los vehículos eléctricos (EV)”.
En todo el mundo, se requerirán al menos 336 nuevas minas de litio, grafito, níquel y cobalto para abastecer el mercado de vehículos eléctricos previsto para 2035, según un pronóstico de Benchmark Mineral Intelligence. Eso es incluso si existe un sólido reciclaje de materiales: 384 de lo contrario. Constituye un aumento de 200% en las minas a nivel global, dice el analista de mercado.
Esto tendrá efectos desastrosos para el medio ambiente. Así, se suma más destrucción y desplazamiento en el ámbito de la minería de metales a los estragos ya generados por los campos petroleros. No toma en cuenta todos los gases de efecto invernadero del uso de combustibles fósiles en la minería, ni los productos químicos tóxicos y la contaminación del agua involucrados. Sin mencionar la destrucción del hábitat, la pérdida de biodiversidad y, sobre todo, la desintegración cultural de las comunidades indígenas y rurales que habitan los terrenos donde hoy se encuentra el litio.
Presagia un sistema cada vez más centrado en el automóvil, con más consumo de energía para construir las vías relacionadas. Financia a los sospechosos de siempre, los magnates incondicionales de los sectores automotrices, la construcción, el petróleo y la química que han frustrado la adopción de iniciativas de energía limpia desde hace años.
Sin embargo, el futuro no tiene que verse así. Las alternativas están ampliamente estudiadas.
Es hora de aclarar las cosas
“Al fin de cuentas, el clima, el tránsito y la justicia Indígena pueden alinearse. Hacerlo requiere un replanteamiento ambicioso de la transición energética que enfatice los beneficios para las comunidades y los ecosistemas más afectados por la crisis climática”, concluye un equipo de científicas y científicos dirigido por la multi premiada Thea Riofrancos.
“Para lograr un futuro justo, el movimiento por la justicia climática debe presentar un frente unido contra la extracción con fines de lucro”, afirma en un informe conjunto publicado por The Climate and Community Project y la Universidad de California, Davis.
Junto con un cambio más gradual hacia la producción de automóviles eléctricos, los poderes fácticos deben evitar subsidiar a la producción y consumo de las baterías cada vez más grandes. La política debe imponer una disminución en el uso de energía mediante el refuerzo de los sistemas de transporte público masivo, así como la infraestructura para modos ligeros de transporte urbano, ciclismo y peatones.
El Plan Nacional para la Descarbonización del Transporte de EE. UU. presentado en enero, detalló algunas de esas posibilidades. Por desgracia, apareció sin recursos.
Se busca ayuda
Mining Watch Canadá y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Rema, piden que se escuche y tome nota. Acaban de publicar el informe “Minería de litio en México: ¿interés público o extractivismo transnacional?”
El informe bilingüe alienta a unirse al clamor popular por un cambio de política que deje de promover la propiedad individual de vehículos eléctricos y adopte una plataforma de gestión de la crisis climática basada en la justicia social.
“La transición energética que proponen desde los centros de poder económico, deja sin atender las verdaderas necesidades con las que se enfrentarían a la crisis climática, como un recorte fuerte en la demanda energética y de material”, afirma el informe. “Entre otras cosas, tiene que implicar una inversión tajante en el transporte colectivo y no individual, especialmente en los países más ricos y más consumistas del mundo”.
El llamado está respaldado por aliados como Earthworks en los Estados Unidos y comunidades indígenas en todo el sur global. El marco de la ONU sobre los derechos humanos y la debida diligencia ambiental debe dictar la política de transición energética de losgobiernos, declaró Earthworks.
Más de 80 organizaciones en todo el mundo coinciden con Earthworks al insistir en que los gobiernos adopten y hagan cumplir las pautas de la ONU para consultar con las comunidades indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés) como condición del desarrollo y la reparación de minas.
Minas compiten por tierras ancestrales indígenas
Entre los metales clave de transición energética, la mayoría de las reservas de litio, níquel, cobre y cobalto de EE. UU. se encuentran dentro de las 35 millas de las reservas de las tribus originarias. El analista Samuel Block, de la consultora financiera MSCI con sede en Nueva York, advierte a las y los accionistas sobre sus hallazgos, al afirmar que de no adherirse al FPIC significa que “no sólo las culturas locales podrían estar en riesgo, sino también los inversionistas”, señala.
La minería de litio sin el FPIC de los indígenas en el desierto del norte de Argentina y Chile es un ejemplo perfecto. Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. es un actor importante. Lesley Muñoz Rivera, indígena colla, dijo en la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU 2022 que la industria está “promoviendo la destrucción y el agotamiento de la vida en nombre de los autos eléctricos”. Las costumbres comunitarias, la biodiversidad y la agricultura de subsistencia se están perdiendo junto con las enormes cantidades de agua utilizada en el proceso de extracción del litio por salmuera allí.
Además de emprender el proyecto de Litio Bacanora en Sonora, Ganfeng es socio de Lithium Americas Corp. en el desarrollo de la mina de litio Thacker Pass en el estado de Nevada, EE. UU. La compañía minera canadiense está en proceso de romper lazos con Ganfeng para aprovechar la nueva directiva de política de Estados Unidos que excluye a las empresas chinas de los subsidios del mercado de baterías para vehículos eléctricos.
Megaminería divide y conquista comunidades
Queda por determinar cómo la participación de Ganfeng en la naciente fortuna en litio de Sonora afectará la participación mexicana en el mercado estadounidense y en la seguridad local. Si AMLO logra cumplir con su promesa de no concesionar más agua a las empresas mineras, eso contribuirá en gran medida a proteger el recurso natural y la gente local que lo defiende. Aún así, una cosa es segura: el proyecto de la mina Thacker Pass ha dividido profundamente a la comunidad indígena en tierras públicas en los Estados Unidos, lo que no es un buen augurio para México.
Junto con grupos de ambientalistas, algunas tribus tienen demandas contra el gobierno federal por no haber hcho la consulta para el permiso de Lithium Americas Corp. para «la próxima mina de litio a gran escala» en el depósito más grande conocido de EE. UU. Los opositores a la mina señalan que el sitio, conocido como Peehee Mu ‘huh, o Rotten Moon, no solo contiene restos ancestrales de una masacre por el ejército en 1868, sino que también es un área tradicional de caza y recolección.
Mientras tanto, una tribu ha aceptado la oferta de empleo y capacitación de la empresa. El consejo de gobierno de la reserva de las tribus Paiute y Shoshone de Fort McDermitt firmó un acuerdo de beneficios comunitarios para establecer un plan con la compañía sobre objetivos de colaboración continua.
“Esta mina está enfrentando a miembros de la misma tribu entre sí, y pueblos contra pueblos. Familiares y amistades de toda la vida, y la juventud sienten mucha presión por elegir un bando u otro — a favor o en contra de la mina — con base en la propaganda de viabilidad económica lanzada a una de las tribus más pobres de Nevada”, observó Shelley Harjo, inscrita en esa reserva.
Los adversarios de la mina Thacker Pass y los de México enfrentan otra amenaza compartida. Ambas minas se preparan para experimentar con una tecnología nunca antes utilizada: extraer litio de la arcilla. Las propuestas implican vertederos masivos de residuos húmedos sin garantía de protección contra la contaminación química.
Aún queda margen de maniobra
En el informe de Earthworks «Abastecimiento responsable a través de estrategias de reducción de demanda y reciclaje», los investigadores revelaron una posible válvula de escape para las comunidades amenazadas por la minería de litio. Al haber bastantes incentivos para el reciclaje, se podrían reducir las expectativas de insumos de materia prima para baterías eléctricas en 2040 en aproximadamente un 25 % para el litio, un 35 % para el cobalto y el níquel y un 55 % para el cobre, dijeron.
Los avances científicos en la química de baterías alternativas brindan otra esperanza para aliviar las presiones mineras, según la Institución de Ingenieros Mecánicos. Entre las tecnologías emergentes para reducir el contenido de litio, se encuentran las baterías de iones de sodio, de estado sólido y de azufre de litio. Sin embargo, todo esto estaría basado en minerales. Hoy, se están realizando investigaciones y desarrollos sobre el potencial de una opción agrícola en forma de baterías a base de cáñamo.
Claramente, estos temas deben ser tomados en cuenta por quienes formulan las políticas– mejor temprano que tarde.
Todas las fotos son de Tanya Novikova y Talli Nauman a menos que se indique lo contrario.
