QUITO, Ecuador – Este junio de 2022, el Paro Nacional en Ecuador movilizó a sus 24 provincias, concentró a miles de manifestantes en la ciudad de Quito y duró 18 días. Aunque dejó como secuela, hasta el momento, siete personas fallecidas, este nuevo estallido social implicó importantes avances en la lucha por la defensa de los territorios indígenas de la industria petrolera y minera, además de la promesa de un alivio económico para la ya golpeada situación que atraviesa Ecuador. 

El 30 de junio de 2022, bajo la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el acta de paz firmada entre representantes del gobierno nacional, y tres organizaciones indígenas (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o Conaie; Consejo de Pueblos y Nacionalidades Evangélicos del Ecuador, o Feine; y, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, o Fenocin),dio fin a las movilizaciones populares y represión estatal.

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Las 10 demandas del Paro Nacional que motivaron el nuevo estallido fueron acogidas por ambas partes en numerosos puntos. Entre otros desafíos, destacan: 

• Reducir el precio de los combustibles y establecer políticas de focalización, es decir, que los precios a pagar se consideren en función del nivel de ingresos de los consumidores; 
• Alivio financiero para deudores de créditos bancarios; 
• Derogar el Decreto Ejecutivo 95 sobre la política petrolera, lo que implica que al momento no es un tema prioritario para la agenda del estado; 
• Declarar en emergencia al sector de la salud; 
• Duplicar el presupuesto a la educación intercultural bilingüe; 
• Reformar el Decreto Ejecutivo 151, cuyo mandato actual establece el plan de acción de la política minera en el país; y, 
• Garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades, como establece el Convenio 169 de la OIT y la propia constitución ecuatoriana.

Los temas y enfoques que guiarán la política pública y determinarán el futuro de la mayor parte de la población ecuatoriana, están siendo tratados en mesas de diálogo, en presencia de garantes y con una metodología de seguimiento a los acuerdos. Desde el 13 de julio de 2022, se han instalado cinco de ellas:

1. Política de subsidios a los combustibles.
2. Moratoria para el Sistema Financiero.
3. Políticas de control de precios y especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
4. Extractivismo y recursos naturales/CTEA (Reforma a la Circunscripción Territorial Amazónica, entidad responsable de la planificación de esa región).
5. Precios justos en los productos del campo y fomento productivo.

Las cinco restantes serán:

6. Derechos colectivos de los pueblos indígenas.
7. Seguridad, justicia y derechos.
8. Acceso a la salud y salud intercultural.
9. Empleo y derechos laborales.
10. Acceso a la educación superior y educación intercultural. 

El biólogo Patricio Meza, miembro del equipo técnico de Conaie, en una entrevista para este artículo, explica que al momento, en las dos primeras mesas, se han alcanzado importantes resultados: “Se establece un valor diferenciado en cuanto al impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas, es decir, quienes tengan una ganancia superior de USD 42000 al año/ USD 3500 al mes en promedio, no tendrían el beneficio del subsidio sino que pagarían el costo real del combustible; sobre las deudas acumuladas, se ha logrado beneficios con la banca pública pero aún se espera apertura de la banca privada y oficializarlo por parte del gobierno”, afirma.

La mesa de extractivismo y recursos naturales/CTEA se instaló el miércoles, 24 de agosto, para tratar tres temas neurálgicos: petróleo, minería y la reforma a la Circunscripción Territorial Amazónica (CTEA). 

Respecto a la minería, en el punto 5 de las 10 demandas planteadas por la Conaie, se habla de una moratoria minera a todas las concesiones que tengan conflictos o que deban resolver asuntos legales. En el país, las organizaciones sociales e indígenas junto a sus bases, han logrado sentencias a favor de los pueblos en zonas de incidencia extractiva cuando éstos han visto vulnerados sus derechos. Las más emblemáticas son las otorgadas a favor de Sinangoe y Los Cedros. 

“La idea es declarar al país libre de minería pero sabemos que en estas condiciones, en esta coyuntura, va a ser difícil acceder a esa petición, por lo que vamos a pretender al menos, llegar a algún acuerdo en estos puntos mínimos”, infiere Meza. Se pide la exclusión de territorios indígenas, fuentes de agua y áreas biodiversas pero además -afirma el experto- “que se respete la voluntad del pueblo expresada a través de consultas populares que ya se han realizado en el país”

Las tres consultas populares a las que se refiere Meza, tuvieron lugar en el 2018 (a nivel nacional) y 2022 (a nivel local en los cantones Cuenca y Girón, al sur del país, provincia de Azuay), respectivamente. La llamada consulta “7 veces sí”, realizada el 4 de febrero del 2018, convocada por el entonces presidente Lenin Moreno, obtuvo en la pregunta 5: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?”, el 68% de la aprobación nacional. Por su parte, el 1 de febrero de 2021, (al mismo tiempo que la elección presidencial de Guillermo Lasso), en Cuenca, el 80% y en el Girón, el 86 % de la población votó a favor de prohibirla. 

Sin embargo, la consulta popular no es retroactiva, es decir, aunque se impida en adelante la extracción minera, las concesiones vigentes no se detendrían lo que pondría en riesgo ecosistemas sensibles por su alta concentración de biodiversidad y la vida comunitaria por lo que varias comunidades han decidido oponerse a su realización. Por ejemplo, en Azuay, aún estarían en riesgo los bosques protectores que circundan al Parque Nacional El Cajas y las fuentes de agua de la reserva de Quimsacocha. Por ello, continúa Meza, “se pide una auditoría a todos los procesos de licitación de concesiones que se ha dado permisos y al tema relacionado a lo administrativo y productivo ya en sí de los proyectos que están en la fase de extractivismo como son los proyectos Mirador en Tundayme y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe”, puntualiza. 

En la Cordillera del Cóndor, al suroriente de Ecuador, cerca del 60% del territorio del Pueblo Shuar Arutam -PSHA- está concesionado a varias empresas mineras como Solaris Resources, EcuaSolidus S.A. (Canadá), SolGold (Australia) y ExploCobres S.A. (China). En el 2016, durante el gobierno de Rafael Correa, el líder de la Federación Shuar (FICSH), Agustín Wachapa, fue detenido y su territorio militarizado. 

Otro caso de violencia militar se dio también en la provincia de Imbabura, comunidad campesina de Buenos Aires, por la concesión otorgada por el actual presidente Guillermo Lasso a la empresa minera Hanrine en el 2021.

Como resultado del Paro Nacional, se emitió el 30 de junio el Decreto Ejecutivo 468 en el cual -al igual que en la Constitución ecuatoriana actual- se especifica que esta actividad no podrá realizarse en áreas protegidas, zonas intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica y territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Además, garantiza la consulta previa, libre e informada a las comunidades. El Decreto Ejecutivo 151, que establece el plan de acción de la política minera en el país, está a la espera de reformas sustanciales. 

Uno de los temas más sensibles para hablar de minería a gran escala en Ecuador es la afectación al agua de las poblaciones pues tanto las fases de exploración como de explotación son altamente nocivas. El 95% de las concesiones otorgadas en Ecuador son de minería metálica, de acuerdo al Colectivo de Geografía Crítica. La minería metálica, que es la que está en proceso de implantación, es la más contaminante. 

Melissa Moreano, integrante de este Colectivo, es determinante en afirmar: “En Ecuador, la mega minería no tiene cabida y la pretensión de imponerla es un claro ejemplo de que los estados no comandan sus políticas nacionales sino que es el poder trasnacional quien lo hace. La minería no es un proyecto nacional”. Respecto a las fuentes hídricas, observa que “Ecuador es un país pequeño, densamente poblado y casi cada cuerpo de agua sirve para la subsistencia,  riega los pastos y cultivos de las poblaciones rurales. Además se está pensando hacer minería en los páramos que es desde donde nace casi toda el  agua que abastece al país”, explica alarmada. 

Moreano asistió la presentación de la historia gráfica sobre la lideresa indígena Josefina Tunki, la primera mujer en presidir el Pueblo Shuar Arutam, quien enfrenta amenazas de muerte por su oposición a la minería en tierras indígenas., Moreano compartió estas observaciones sobre las fuentes hídricas y los derechos de los pueblos, entre otras implicaciones del impacto de la minería a gran escala en Ecuador, explicando por qué la ciudad de Quito también estaría amenazada si las concesiones en el noroccidente tuviesen cabida: Se ubican precisamente en las áreas rurales de Quito, que afectarían las fuentes hídricas de sus poblados. En torno a ello, se ha articulado una campaña para la realización de una nueva consulta popular, #QuitoSinMinería.

“A la mesa de extractivismo, llega gente de todo el país: Carchi, Imbabura, Noroccidente de Pichincha que están con la consulta también, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Loja, Zamora, Napo, Sucumbíos, prácticamente todo el país donde hay minería, articulados al frente nacional anti-minero. La gente llega motivada a la expectativa de lo que pueda pasar. La Conaie ha generado esperanza”, sostiene Meza. 

“Las jornadas son largas pero aun así se ha sentido la expresión solidaria del pueblo. Hay gente que va de manera voluntaria a aportar a la construcción de las propuestas en estas mesas. Son técnicos/as multidisciplinarios/as o convocados/as por las organizaciones. Todavía funcionan las cocinas solidarias y hay comida que sobró del paro. Siguen llegando los apoyos”.

A dos meses del paro nacional, el acta de paz continúa su proceso y podría significar un avance importante al momento de aplicar políticas públicas más incluyentes. 

Meza espera poder llegar a acuerdos con el gobierno en base a una propuesta para la no expansión de la frontera petrolera y minera. 

“De esta manera, se daría un cambio en la política pública para salir de la etapa extractiva a una etapa pos extractivista que genere bienestar para toda la población,” explica el técnico, “considerando que las poblaciones campesinas e indígenas conservan la vida en los bosques, lo que permite la vida en el planeta y que son ellos quienes también generan la producción que alimenta a las ciudades”.

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