De camellones a milpas colectivas, sembradores de base en la Zona Metropolitana de Guadalajara resisten una ley que, dicen, criminaliza el cuidado comunitario de la tierra.
En un camellón de Guadalajara, un parche de maíz ha crecido y florecido cada verano durante casi una década. No fue sembrado por un programa gubernamental ni por una iniciativa verde corporativa, sino por un grupo de personas que creían que incluso los rincones más olvidados de la ciudad podían convertirse en espacios de alimento, belleza y resistencia.
Ese acto de sembrar se convertiría más tarde en un acto de desafío.
Por segunda vez en menos de tres años, la comunidad de agricultura urbana de la
Zona Metropolitana de Guadalajara se está movilizando contra propuestas de regulación que, según denuncian, burocratizan la siembra en el espacio público y amenazan prácticas agroecológicas de larga trayectoria en la ciudad. El mensaje del movimiento es claro —y está profundamente arraigado en la experiencia vivida:
“Sembrar es un derecho, no un permiso.”
Planting is a right, not a permit.
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Una red viva bajo el concreto
Mucho antes de que funcionarios municipales comenzaron a redactar leyes sobre “agricultura urbana”, personas jardineras comunitarias, guardianes de semillas y colectivos agroecológicos ya cultivaban los márgenes de Guadalajara —camellones, lotes baldíos, banquetas, patios escolares y espacios públicos descuidados.
Sembraron milpas y jardines para polinizadores. Restauraron suelos dañados por la construcción y la contaminación. Crearon redes alimentarias informales en colonias con poco acceso a áreas verdes y una creciente inseguridad alimentaria. Lo hicieron sin financiamiento público y fuera de marcos institucionales formales, guiados por saberes ancestrales, una ética ecológica y el cuidado colectivo.
Para muchas de las personas participantes, la agricultura urbana no es un pasatiempo ni un proyecto de embellecimiento. Es una práctica política y espiritual —una forma de recuperar tierra, sanar territorio y afirmar la soberanía alimentaria en una ciudad marcada por la desigualdad y el estrés ecológico.
El primer enfrentamiento: 2023
En julio de 2023, ese trabajo silencioso de base chocó con el poder del Estado.
Autoridades de Guadalajara avanzaron para restringir la siembra en espacios públicos, lo que derivó en intervenciones policiales contra colectivos de agricultura urbana. Integrantes del colectivo Huerto Rabia y Memoria fueron detenidos por sembrar maíz en un espacio público. Posteriormente, la policía interrumpió un evento comunitario de siembra, acciones que las y los organizadores interpretaron como un intento de intimidar y desalentar la actividad agroecológica en el espacio público.
La respuesta fue rápida y colectiva.
Decenas de organizaciones y cientos de personas se movilizaron bajo la consigna #SembrarNoEsUnDelito (“Sowing Is Not a Crime”), emitiendo un pronunciamiento público que enmarcó la siembra como un derecho colectivo ligado a la soberanía alimentaria, el cuidado ambiental y la autoorganización comunitaria —no como un delito.
El movimiento puso al descubierto una dolorosa contradicción: mientras las autoridades de Guadalajara hablaban públicamente de sustentabilidad y resiliencia climática, la ciudad estaba persiguiendo a quienes literalmente estaban cultivando alimentos y restaurando ecosistemas.
Una nueva iniciativa de ley, la misma lógica
Ahora, en 2026, personas críticas señalan que la historia se está repitiendo.
Una nueva iniciativa de Ley de Agricultura Urbana que avanza por los canales legislativos locales ha vuelto a encender la resistencia de colectivos, personas huerteras y defensoras de la soberanía alimentaria. Sostienen que la propuesta retoma —y profundiza— los mismos problemas que detonaron una fuerte reacción pública en 2023:
• Regulación sin consulta significativa
• Vigilancia de la actividad comunitaria
• El tratamiento de la siembra autónoma como una falta sancionable
De acuerdo con documentos públicos que circulan entre colectivos y activistas, la ley exigiría el registro y la regulación de los proyectos de agricultura urbana, incluyendo su mapeo, supervisión y la autorización formal para sembrar en espacios públicos.
Aunque se presenta como una herramienta para promover la sustentabilidad y el orden ambiental, quienes se oponen advierten que el efecto real sería transformar prácticas autónomas y comunitarias en actividades sujetas a permisos, monitoreo y posibles sanciones.
En el centro de la crítica hay una preocupación simple pero profunda:
La ley trata la siembra como algo que debe ser autorizado por el Estado, en lugar de reconocerla como una práctica cívica ya existente, arraigada en el cuidado colectivo de la tierra, el agua y los sistemas alimentarios.
¿Quién es dueño del suelo de la ciudad?
Bajo el lenguaje legal se esconde un conflicto más profundo sobre poder, territorio y espacio público.
Los colectivos de agricultura urbana en Guadalajara han trabajado durante años en espacios que la ciudad ignoró o abandonó. Llenaron vacíos ecológicos de vida. Transformaron cicatrices de concreto en bienes comunes vivos.
Quienes se oponen a la iniciativa de ley sostienen que formalizar estas prácticas mediante el control gubernamental corre el riesgo de excluir precisamente a las personas que las construyeron, además de abrir la puerta a una aplicación selectiva de la norma, a la privatización o a la cooptación comercial.
También señalan un historial de regulación ambiental desigual en la ciudad, donde grandes contaminadores y desarrolladores suelen operar con impunidad mientras actores de base enfrentan escrutinio.
En ese contexto, exigir permisos para sembrar no es una política neutral —es una decisión política sobre quién tiene el derecho de definir y transformar el espacio público.
Una lucha más amplia por la soberanía alimentaria
La resistencia a la iniciativa de Ley de Agricultura Urbana forma parte de un movimiento más amplio en Jalisco y en todo México que vincula la producción de alimentos con la autonomía, el territorio y los derechos humanos.
Desde esta perspectiva, la agricultura urbana no es un accesorio de la vida urbana. Es una respuesta a:
• El aumento en los costos de los alimentos
• La degradación ecológica
• El acceso desigual a una alimentación saludable
• La erosión de las prácticas comunales de la tierra
Regular la siembra sin la participación de quienes se verán directamente afectados se percibe no como una gobernanza responsable, sino como un cercamiento —el lento vallado burocrático de un bien común vivo.
Como afirma ahora uno de los principios rectores del movimiento:
“Sembrar es un derecho, no un permiso.”
Planting is a right, not a permit.
El movimiento vuelve a levantarse
A medida que la iniciativa de ley avanza, las y los activistas vuelven a organizar pronunciamientos públicos, campañas informativas y respuestas colectivas. La Red de Agricultura Urbana y Periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara (RAU) convoca a colectivos, comunidades, organizaciones, académicas/os y personas a adherirse a este pronunciamiento y defender la autogestión comunitaria del espacio público, advirtiendo que Guadalajara corre el riesgo de repetir un ciclo de criminalización en lugar de construir soluciones colaborativas.
Para el movimiento, el debate no gira en torno a si la agricultura urbana debe existir —ya existe.
La verdadera pregunta es si la ciudad reconocerá a las comunidades sembradoras como aliadas en la restauración ecológica y la resiliencia alimentaria —o si las tratará como un problema que debe ser gestionado.
El mensaje del movimiento se mantiene coherente desde 2023:
Sembrar no es un delito.
Sembrar es un derecho.
Y el espacio público es del pueblo.
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