En 2012, el pueblo kichwa de Sarayaku ganó una histórica demanda contra el estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las primeras grandes pruebas de la pionera Constitución ecuatoriana de 2008, la primera en el mundo en reconocer los Derechos de la Naturaleza. Pero, trece años después, las promesas de aquella victoria legal siguen en gran medida sin cumplirse. A principios de 2024, la Corte Constitucional de Ecuador le dio al presidente Daniel Noboa seis meses para cumplir. No lo hizo. Y ahora, con su reciente reelección y sus esfuerzos por revertir protecciones ambientales fundamentales, parece aún menos probable que lo haga.

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“Se veían venir problemas”, dice con rostro severo José Gualinga, con su rostro enrojecido por la luz de la fogata, en una ceremonia tradicional de guayusa en territorio Sarayaku, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Gualinga es uno de los dirigentes Sarayaku que desde hace más de tres décadas vienen librando un histórico movimiento de resistencia pacífica contra la explotación petrolera en la Amazonía.

Hoy, el pueblo Sarayaku se mantiene no solo como guardián de su territorio, sino también como pionero a nivel mundial en el movimiento por el reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra, una lucha que ayudaron a visibilizar en el ámbito internacional mucho antes de que se convirtiera en una tendencia legal.

Gualinga relata el inicio de esta guerra: “En 1990, cuando nos llegó la noticia de que la petrolera CGC entraría a la fase exploratoria, un grupo de jóvenes dirigentes, viendo la desgracia que había sido el petróleo para la Amazonía norte en las dos décadas anteriores, nos organizamos para impedir su entrada. Así surgieron los campamentos de paz y vida”. 

Recuerda que en ese tiempo, la petrolera logró comprar la conciencia de muchos dirigentes de comunidades aledañas. En algunos casos, con la promesa de desarrollo, y en otros, con sobornos y regalías al mejor estilo política latinoamericana. El caso es que de un momento a otro, los Sarayaku se quedaron solos en su lucha. 

“Compraron a todas las radios de Puyo y repetían diariamente noticias y entrevistas que satanizaban a mi pueblo. Decían que los dirigentes Sarayaku estábamos siendo un obstáculo para que nuestro pueblo salga de la pobreza. Otros dirigentes desde la radio llamaban a las comunidades indígenas a levantarse contra el pueblo Sarayaku”, recuerda Gualinga.

En 1999, luego de infructuosos intentos de ganar la confianza de los Sarayaku, la petrolera anunció que entraría por la fuerza. El pueblo Sarayaku reforzó los Campamentos de paz y vida, que eran puestos de vigilancia para impedir el ingreso de la petrolera. 

La estrategia del pueblo Sarayaku comprendía una efectiva gestión a nivel político en Quito, y constante comunicación con organismos internacionales de Derechos Humanos. El asedio y las incursiones en su territorio duró hasta 2003 gracias a las Medidas Cautelares dictadas con carácter de urgencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Luego llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pasó casi una década más antes de que los Sarayaku obtuvieran finalmente un fallo favorable.

Por disposición de la sentencia de la Corte Interamericana, el gobierno de Rafael Correa entregó al pueblo Sarayaku en 2012 una indemnización de 1,3 millones de dólares, y se realizó un acto público de disculpas de parte del estado. 

El veredicto también ordenaba al estado retirar de inmediato 1400 kg de explosivos enterrados en selva virgen, pero eso nunca se hizo. Los explosivos dejados en el territorio sagrado de Sarayaku continúan amenazando lo que el pueblo conoce como Kawsak Sacha – el bosque viviente – así como la vida y la seguridad de la comunidad Sarayaku, según un comunicado de prensa que publicaron en 2022. “Desde que se emitió la sentencia de la Corte Interamericana en 2012, el Estado no ha retirado ni desactivado ni un solo kilogramo de los más de 1,400 kg de explosivos presentes en el territorio. En la audiencia fue evidente que el Estado actualmente no tiene ningún plan para cumplir con esta orden, ni para garantizar la participación y consulta de Sarayaku al respecto.”

Tampoco se cumplieron los dos puntos más importantes para Sarayaku: la promesa de no repetición y la creación de un marco jurídico que garantice el derecho a la Consulta Previa de los pueblos originarios en cuyos territorios hay proyectos extractivistas.

En 2022, el pueblo Sarayaku presentó una queja ante la Corte Constitucional del Ecuador por el no cumplimiento en diez años de los dos puntos más sensibles ordenados por la Corte Interamericana. En enero de 2024 la Corte Constitucional falló a favor del pueblo Sarayaku, dando un plazo de seis meses al gobierno de Daniel Noboa para terminar de cumplir con las disposiciones de la Corte Interamericana. Noboa aún no ha hecho ni siquiera una declaración pública sobre el caso.

Según Mario Melo, el abogado que representó a los Sarayaku en sus gestiones legales,  “Ecuador tiene una Constitución que ampara ampliamente el derecho a la resistencia, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza (…) Lo que falta realmente es voluntad política del estado ecuatoriano de cumplir. Falta también muchas veces decisión de las organizaciones para emprender la exigibilidad de sus derechos. En esto el pueblo Sarayaku es un ejemplo”.

Esta lucha legal se desarrolla en un país que en su momento fue líder mundial con su Constitución de 2008 —que no solo reconoce los Derechos de la Naturaleza, sino que también afirma el derecho de los pueblos indígenas a la Consulta Previa. Hoy, ambas promesas están cada vez más amenazadas.

¿Consulta Previa?

Es el precepto constitucional consagrado en la Constitución ecuatoriana del 2008 que ordena al estado contar con el consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos extractivistas antes de cualquier intervención. La controversia alrededor del tema empezó inmediatamente después de aprobarse la nueva constitución. 

Rafael Correa fue el músculo político que logró la aprobación de la primera constitución en el mundo que daba derechos a la naturaleza y reconocía el derecho a la consulta previa. Sin embargo, Correa tenía su propia interpretación de qué es una consulta previa. Cuando el estado entregó la indemnización al pueblo Sarayaku, Correa explicó su postura respecto a la Consulta Previa, diciendo que Ecuador es una democracia, no un estado de consenso. Con esto, quería decir que si una minoría se opone a un proyecto extractivista, pero éste beneficia a la mayoría, hay que optar por el beneficio de la mayoría.

Desde que Correa terminó su último periodo en 2017 las cosas han venido de mal en peor para la conservación y los derechos de los pueblos originarios. Daniel Noboa, actual mandatario, ha propuesto una nueva Constitución en la que se elimine por completo el principio de la consulta previa.

Pero lo que Correa no podía saber cuando hizo esas declaraciones es que los años sucesivos se realizarían consultas populares respecto a temas de conservación, — más recientemente, en la exitosa iniciativa ciudadana para prohibir la perforación petrolera en el Parque Nacional Yasuní — y que en todas triunfaría el “no” al extractivismo. Esto abriría una ventana de esperanza para la conservación ambiental. El partido de Correa sigue siendo la fuerza política más importante del país, con una alta representación en la Asamblea Nacional.  En las recientes elecciones presidenciales se dio un suceso que podría cambiar las cosas.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas a fines de 2024, hubo un empate técnico entre Luisa González, la candidata de Correa, y Daniel Noboa, actual mandatario. Quien quedó en tercer lugar fue Leonidas Iza, el representante de los pueblos originarios de Ecuador. Con sólo un 6% del voto, los pueblos originarios de un momento a otro parecían ser el voto decisivo en la segunda vuelta de abril de 2025.

Con el poder que por primera vez han obtenido los indígenas en las decisiones nacionales –debido a lo polarizado que está el escenario político–, esta pudo haber sido la circunstancia perfecta para que Ecuador se convierta en el primer país del mundo en renunciar voluntariamente a los recursos del extractivismo por decisión propia. Esto sería ciertamente algo histórico.

Tanto los pueblos originarios de la Amazonía como los ecuatorianos de las otras regiones del país quieren tener un estándar de vida más cómodo. Pero ¿dónde está escrito que la única manera en que puede mejorar la economía de la gente es a través de la destrucción de la naturaleza?

Y para quienes siguen creyendo en el eufemismo de la “explotación responsable”, cito al ingeniero de Petrobras Jorge Enrique Moreira, a quien entrevisté en 2012 y me explicó con lujo de detalles que la extracción petrolera sin perturbar la naturaleza es algo imposible. Y no es el único. Otros ingenieros petroleros con los que he conversado, ven la “explotación petrolera sostenible” casi como una mentirita para niños.

El caso es que no llegó al poder esta alianza entre el partido de Correa y el movimiento indígena, que pudo haber significado una victoria para la Conservación en Ecuador. Pese a haber estado primera en casi todas las encuestas presidenciales, y pese al grave desgaste político que vivió Noboa como presidente, la candidata de Correa resultó perdedora en las elecciones, con una diferencia de diez puntos. El rumor de fraude electoral ha llenado la escena política ecuatoriana desde el día que se proclamaron resultados.

La lucha cuerpo a cuerpo

Estamos en 1999. El gobierno ecuatoriano al mando de Jamil Mahuad, autoriza el ingreso de la petrolera argentina CGC a territorio Sarayaku, sin haber realizado ningún proceso de consulta previa. La Consulta Previa no era un mandato constitucional en ese entonces, pero Ecuador era firmante de tratados internacionales que lo ataban a ese compromiso.

En el año 2002 el conflicto se intensifica, el ejército vuelve evidente su apoyo a la petrolera, y el pueblo Sarayaku acude a las cortes ecuatorianas para proteger su territorio. La petrolera intenta llegar a un acuerdo con los dirigentes, pero lo único que quieren los Sarayaku es que se vayan. No es una postura negociable. 

Los Sarayaku se organizan y están en estado de alerta. Piden ayuda a nivel internacional. Mientras tanto, la petrolera en territorio hace maniobras oscuras para dividir al pueblo, e intentan crear una dirigencia paralela favorable a la explotación petrolera. También destruyen un árbol sagrado y llenan una montaña sagrada con explosivos. 

Cuando escucho no sólo de José Gualinga sino de otros habitantes del pueblo Sarayaku el hostigamiento y abuso de parte de la petrolera contra el pueblo Sarayaku,  no puedo evitar pensar en una pesadilla de la película Avatar. 

“La resistencia pacífica y perseverante de su pueblo y la claridad de sus planteamientos funcionó”, dice Gualinga. “Pero no vamos a parar hasta que la ley sea cumplida y existan garantías para que los territorios de los pueblos amazónicos sean respetados”.

Muchos ven al Pueblo Sarayaku como quienes han inspirado a los pueblos de toda la Amazonía a mantener una postura cada vez más clara ante  el extractivismo. Su estrategia de resistencia pacífica, amparándose en leyes y acuerdos, ha logrado el milagro: ni el petróleo ni la minería han penetrado esta área de la Amazonía. 

Pero los conflictos entre empresas extractivistas y comunidades están por todo el país. Ecuador tiene varias decenas de concesiones mineras en zonas donde la población está activada y se mantiene en resistencia. El ejemplo del pueblo Sarayaku es inspiración para muchos. Un recordatorio de que la gente tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano., y que la resistencia pacífica sí funciona.

La propuesta Kawsak Sacha

Algo que hace única la lucha de los Sarayaku es el contexto que le dan al conflicto. Para los miembros de la comunidad, esto no es solamente una lucha por territorios. Ellos reclaman al estado ecuatoriano más coherencia con el mandato constitucional que da derechos a la naturaleza y que propone el Sumak Kawsay como modelo de desarrollo para Ecuador.

El Sumak Kawsay es un concepto kichwa que fue incorporado en la Constitución ecuatoriana del 2008. Literalmente significa “buen vivir”. Pero a diferencia de la usanza occidental, que mide el estándar de vida de acuerdo al mayor o menor acceso a recursos y servicios, el Sumak Kawsay lo mide en términos integrales.
Sus tres pilares conceptuales, según el Plan de Vida Sarayaku, son:
– Sumak Allpa (territorio, ambiente y recursos naturales)
–  Runakuna Kawsay (economía, política, social, servicios básicos)
– Sacha Runa Yachay (sabiduría, tecnología, conocimiento ancestral, educación indígena y cultura).

Los Sarayaku presentaron al mundo en 2018 un hermoso manifiesto llamado Kawsak Sacha (Selva Viviente), que profundiza en que el ser humano y la naturaleza son un solo organismo, y por ende, destruir la naturaleza es simplemente incorrecto. 

Para Gualinga, “La declaración Kawsak Sacha – Selva Viviente (KS) es concebida desde y para la defensa de los Derechos de la Naturaleza como lo consagra la Constitución ecuatoriana, y a la vez para la defensa de los Derechos Colectivos del pueblo de Sarayaku. El KS propone un equilibrio ecológico, se preocupa de la continuidad de las distintas formas de vida, fomenta la biodiversidad y es base para el Sumak Kawsay”. 

Gualinga concluye, “la declaración Kawsak Sacha subraya que para otorgar derechos a la Naturaleza hay que reconocer, legitimar a sus seres protectores como personas, y no como “objetos” o “recursos”. Los seres de la Selva se relacionan entre sí y somos los pueblos originarios quienes coexistimos junto a ellos. Por tanto el Kawsak Sacha y Sumak Kawsay son indisolubles porque sin el uno, el otro no existe”.

¿Qué dicen los ecuatorianos?

Cuidar la naturaleza (por un propósito más trascendente que obtener oxígeno) es parte medular de la cultura ecuatoriana. No sólo entre los pueblos originarios, en cuya herencia cultural la naturaleza es una madre y debe ser respetada. También los ecuatorianos en las ciudades, siguiendo una tendencia mundial, viven un reencuentro con lo natural.

En 2014 y 2019 en la provincia del Azuay se celebraron dos referéndums para consultar a la gente sobre nuevos proyectos mineros. En ambos ganó rotundamente un “no” a la minería. 

En 2023 hubo una consulta popular nacional donde se preguntó si debía continuar la polémica explotación de petróleo en el parque nacional Yasuní. Pese a una aplastante campaña mediática pro petróleo, un 59% de la población votó para que se suspenda la operación petrolera en el parque nacional. Con el argumento de que el país necesita los recursos, el gobierno de Daniel Noboa de manera arbitraria y antidemocrática ha continuado con la explotación.

En esa misma fecha, se preguntó a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito si deberían mantenerse los bosques del Chocó Andino del Noroccidente de Quito como zona libre de minería. Un aplastante 68% dijo que sí. 

El hecho es que pese al marco Constitucional del país, y pese a que la voluntad popular ha sido expresada ya en más de un referéndum, muchos políticos siguen viendo en la naturaleza una fuente gratuita de recursos. 

Hay un caso que también es histórico en Ecuador. La petrolera Texaco estuvo en la Amazonía norte del país entre 1966 y 1972, y dejó detrás de sí impresionantes niveles de contaminación. Como consecuencia, 47 dirigentes de comunidades indígenas afectadas presentaron una demanda ante una corte de Nueva York. Eventualmente las influencias de Texaco lograron que el caso fuera trasladado a una corte ecuatoriana, donde el gobierno de Correa hizo un patriótico seguimiento para evitar que la poderosa petrolera lograra sobornar a los jueces, como en efecto intentaron hacer.

El juez ecuatoriano dio la razón a las víctimas de la contaminación y Texaco, que para ese entonces se había convertido en Chevron-Texaco, fue sentenciada a pagar US$9.000 millones y a dar una disculpa pública a los afectados. Desde entonces, la petrolera se enfrascó en una sucia campaña de hostigamiento legal y mediático contra el gobierno de Ecuador, los demandantes y los abogados que apoyaron solidariamente a éstas. Lo más vergonzoso fue cuando un juez federal estadounidense dictaminó en 2013 que los 47 firmantes de la demanda y sus abogados cometieron extorsión contra Chevron y fueron puestos bajo la ley RICO que se usa para organizaciones delictivas internacionales. El mismo juez federal sentenció en 2014 que el proceso legal en Ecuador fue irregular, y de manera insólita, liberó a Chevron del pago de la indemnización.

El hostigamiento de parte del gobierno de EUA para con los firmantes y sobre todo al (ex) abogado neoyorkino Steven Donziger dura hasta el día de hoy. Su licencia para ejercer leyes fue revocada, tuvo que cumplir cárcel y su carrera se vio gravemente afectada por haberse atrevido a enfrentarse al gigante petrolero.

Otra coyuntura relevante es la reciente sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los pueblos en aislamiento voluntario que habitan dentro del Parque Nacional Yasuní, los pueblos Tagaeri y Taromenane. La corte dictaminó que el Estado ecuatoriano está violando sus derechos a la vida, vivienda, libertad, honra y dignidad, medio ambiente sano, propiedad colectiva, libre determinación, identidad cultural, libertad personal, protección de la familia, protección judicial, circulación, residencia, derechos culturales y derechos de la niñez. Otro veredicto histórico a favor de los derechos de la naturaleza.

¿Soluciones?

Un grupo de economistas de Ecuador recientemente editó un estudio llamado “20 alternativas económicas al extractivismo”, donde proponen mínimos ajustes a la estructura tributaria para generar un ingreso fiscal más de tres veces mayor al que producen los campos petroleros que operan en el Parque Nacional Yasuní. 

Y no sólo eso. El rubro de bioemprendimientos de alto nivel, usando productos medicinales de la Amazonía es una tendencia en auge. Las barras de chocolate ecuatoriano negro con panela están en todo el mundo. Una reputación de país que respeta las áreas protegidas y los territorios habitados por comunidades ancestrales es capaz de disparar a las nubes el valor de una marca de origen. 

El lucrativo turismo temático se podría ver enormemente beneficiado. Que Ecuador sea un país cuya naturaleza tiene derecho y que los gobiernos respetan ese mandato, imprimiría un atractivo único a la marca país a nivel de viajeros conscientes. El turismo puede ser un desastre para un lugar, o puede significar el fin de la pobreza para mucha gente. Depende de la calidad de seres humanos que lleguen. 

Todo indica que los ecuatorianos prefieren un desarrollo, aunque menos acelerado, más respetuoso de la naturaleza y de la voluntad de los pueblos originarios. Que los derechos de la naturaleza estén en la Constitución ecuatoriana es un avance. Hay personas que piensan que esto es una gran hipocresía. Yo creo que el que existan las leyes indica que más tarde o más temprano se las tendrá que cumplir.

Todo esto que ocurre en Ecuador no es casualidad. El grupo de jóvenes dirigentes que logró evitar la llegada del extractivismo, los conflictos mineros vivos en todo el país, los resultados de las consultas populares y estos dictámenes históricos de altos tribunales, no son casualidad. Yo veo todo como parte del mismo despertar que vive la humanidad entera. Cada vez más personas se vuelven conscientes de que todo está integrado; que somos un solo organismo con este bello planeta azul, y que la conservación no es un lujo sino nuestra responsabilidad frente a las próximas generaciones. 

Pero, al menos a nivel político, se avecinan tiempos duros para la Conservación en Ecuador.  El gobierno de Daniel Noboa se ha caracterizado por un particular irrespeto a la naturaleza, y  está empeñado en tirar abajo a la primera constitución en el mundo que dio derechos a la Naturaleza. La lucha continúa. Una resistencia significativa y organizada continúa en Ecuador contra los esfuerzos del presidente Daniel Noboa por desmantelar las protecciones constitucionales de los Derechos de la Naturaleza. Comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas y grupos de la sociedad civil se oponen activamente a estas iniciativas mediante acciones legales, manifestaciones públicas y defensa internacional.

Los Sarayaku, por su parte, han hecho mucho más que resistir: han contribuido a redefinir la conversación global sobre la justicia ambiental, impulsando una lucha visionaria para reconocer a la Madre Tierra no como propiedad, sino como un ser vivo con derechos legales. Y están lejos de terminar esta lucha.

Y respecto al rumbo que tomará el caso Sarayaku, José Gualinga es terminante: “Nos han recomendado presentar una demanda penal contra los funcionarios del gobierno que no han cumplido la sentencia de la Corte Constitucional. Estamos evaluando si hay otros caminos. Pero nuestra postura es clara y no es negociable: la naturaleza no se vende”. 

Sumak Kawsay, explicación de la página web del pueblo Sarayaku.  https://sarayaku.org/wp-content/uploads/2013/03/EL-SUMAK-KAWSAY-ES-LA-VISIO%CC%81N-DE-SARAYAKU.pdf

Declaración Kawsak Sacha, Selva viviente https://sarayaku.org/wp-content/uploads/2017/01/1.Declaraci%C3%B3n-Kawsak-Sacha-26.07.2018.pdf 

Linea del tiempo sucesos caso Chevron Texaco https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/05/31/linea-de-tiempo-chevron-texaco/ 

Derechos de la Naturaleza