Texto y fotos: Tracy L. Barnett
Para The Guadalajara Reporter

¿Qué hace un abogado de inmigración cuando el problema más urgente de su cliente no es la ley migratoria, sino conseguir insulina?

Ésa fue una de las preguntas que enfrentaron estudiantes de derecho de México y Estados Unidos reunidos el 12 de agosto en el campus Guadalajara del Tecnológico de Monterrey, durante un ejercicio binacional dedicado a examinar qué sucede después de una deportación.

La simulación marcó el cierre de Frontlines and Fault Lines: Migration, Resistance, and Resilience (Frentes y fracturas: migración, resistencia y resiliencia), un programa de inmersión de seis días organizado por El Centro Rizoma del Migrante, que reunió a estudiantes estadounidenses de derecho en Guadalajara para conocer la realidad de la deportación desde el lado mexicano de la frontera.

Estudiantes de la Universidad de Washington y la Universidad de Texas en Austin trabajaron junto con alumnos de derecho del Tec de Monterrey, bajo la orientación de Tran Dang, fundadora del Centro Rizoma y abogada de inmigración; Georgina Olazcon, profesora de la Universidad de Washington; y Javier Contreras, director del programa de derecho del Tec.

Su cliente hipotético, “José”, era un cubano de 68 años que había vivido en Estados Unidos desde los dos años de edad, hasta ser deportado a México. Sus hijos y nietos permanecían en Estados Unidos. Hablaba poco español, no tenía vínculos significativos con México, carecía de documentos de identidad y de una vivienda estable, y enfrentaba graves problemas de salud. Su mayor deseo era sencillo: regresar a casa con su familia.

El escenario era ficticio, pero estaba diseñado para reflejar circunstancias cada vez más frecuentes en México. Desde enero de 2025, aproximadamente 20,000 personas de terceros países han sido deportadas de Estados Unidos a México, más que a cualquier otro país. Los cubanos constituyen el grupo más numeroso, entre ellos personas mayores que pasaron décadas en Estados Unidos y ahora llegan a México con pocos vínculos, una situación migratoria incierta y escasas posibilidades de regresar a sus hogares.

Pero lograr ese regreso era cualquier cosa menos sencillo.

Los equipos analizaron posibles recursos legales tanto en México como en Estados Unidos, mientras enfrentaban preguntas mucho más inmediatas: ¿Dónde podría vivir José de manera segura? ¿Cómo accedería a su dinero sin documentos de identidad? ¿Dónde conseguiría alimentos y atención médica? ¿Con qué urgencia necesitaba insulina? ¿Qué pasaría si seguir una estrategia legal le impidiera trasladarse a otro estado?

«La representación integral realmente comienza con el cliente, no con la demanda legal», explicó Dang a los estudiantes, instándolos a considerar la seguridad, la vivienda, la atención médica, la documentación, la familia, las finanzas y la salud mental, además de los recursos migratorios.

Los estudiantes debían decidir qué necesitaba José durante las primeras 48 horas, qué podía esperar semanas o meses y qué responsabilidades requerían la colaboración de abogados o proveedores de servicios a ambos lados de la frontera.

El ejercicio fue la culminación de una semana intensiva que avanzó deliberadamente desde los testimonios personales hacia las políticas públicas y el derecho. Los participantes conocieron a familias de estatus migratorio mixto afectadas por la deportación y a una familia militar que enfrentaba una deportación a un tercer país; visitaron una casa de transición fundada por exintegrantes de pandillas deportados y un albergue para migrantes creado por un sacerdote; y escucharon a mujeres migrantes organizadas para promover su integración en Guadalajara.

Posteriormente, académicos y defensores de los derechos de las personas migrantes introdujeron a los estudiantes en los sistemas migratorio y de protección a refugiados de México, mediante presentaciones de Heriberto Vega Contreras, investigador de migración de la Universidad de Guadalajara; Nancy Estrada, representante del ACNUR en Guadalajara; y César Rodríguez, director jurídico de FM4 Paso Libre.

El resultado fue una perspectiva poco frecuente en las aulas estadounidenses de derecho migratorio: la expulsión de una persona de Estados Unidos no significa el fin de su caso migratorio. Por el contrario, puede marcar el comienzo de una nueva y compleja serie de problemas legales, médicos, económicos y familiares en México.

Esto quedó claro cuando los estudiantes descubrieron que algunas vías legales aparentemente prometedoras para José terminaban en callejones sin salida, mientras que otras podían tardar meses o años. Su posible regreso a Estados Unidos seguía siendo incierto, por lo que los equipos también debían ayudarlo a construir una vida viable en México mientras continuaban explorando opciones al norte de la frontera.

Para una de las participantes, el ejercicio puso de relieve la necesidad de creatividad en un momento en que las estrategias legales tradicionales están desapareciendo.

Esa creatividad, señaló, solo es posible «cuando hablamos entre nosotros, compartimos ideas y trabajamos en equipo».

Era precisamente la lección que el ejercicio buscaba transmitir: la deportación cruza fronteras. Una defensa eficaz de los derechos de las personas deportadas debe hacer lo mismo.

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Tracy L. Barnett es periodista independiente radicada en Guadalajara, fundadora de The Esperanza Project y consultora de comunicación de El Centro Rizoma del Migrante.

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