Por Tracy L. Barnett
Para Water Today

En las aguas poco profundas bordeadas de manglares de la bahía de Ohuira, en el Golfo de California mexicano, camarones, jaibas y peces juveniles encuentran alimento y refugio. Delfines nariz de botella recorren sus aguas, mientras pelícanos, espátulas rosadas y bobos de patas azules comparten la bahía con decenas de miles de aves acuáticas migratorias cada invierno. Generaciones de familias pescadoras han dependido de estas aguas; para las comunidades Mayo-Yoreme que rodean la bahía, Ohuira es más que sustento e identidad. Es sagrada.

El complejo lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira está reconocido internacionalmente como humedal Ramsar. Sin embargo, las mismas características que hacen de Ohuira un sitio tan productivo también la vuelven vulnerable.

Es poco profunda, semicerrada y sus aguas se renuevan lentamente. Eso significa que lo que entra en la bahía puede permanecer allí durante mucho tiempo. Y por eso una cuestión técnica —dónde toma y dónde descarga el agua una planta de amoniaco— se ha convertido en un elemento central de una batalla ambiental que lleva 12 años. Lea el reportaje anterior de Water Today desde el plantón de Topolobampo.

La planta de GPO-Proman, en un estado avanzado de construcción, fue diseñada originalmente para extraer alrededor de 2,000 metros cúbicos de agua de mar por hora y devolver a la laguna agua más caliente y salina. Ahora, tras una escalada de las protestas y un plantón que este viernes cumple 84 días, el gobierno mexicano propone un cambio significativo: rediseñar el sistema de agua de la planta para evitar tanto la extracción directa de agua de la bahía de Ohuira como la descarga de sus efluentes en ella.

Para las comunidades que se oponen al proyecto, eso plantea una nueva pregunta:

Si los ingenieros mueven las tuberías, ¿realmente habrán eliminado la amenaza para la bahía?

Una bahía hecha para retener el agua

La bióloga marina Diana Escobedo-Urías ha estudiado el sistema lagunar durante más de tres décadas. Describe Ohuira como la mayor de tres lagunas costeras conectadas —Santa María, Topolobampo y Ohuira—, con una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados.

Su profundidad promedio, explicó, es de apenas entre 1.5 y 2 metros, y su boca es estrecha, de aproximadamente 700 metros. En la clasificación de lagunas costeras, dijo, Ohuira es considerada una “laguna estrangulada”: el intercambio de agua con el mar es limitado.

“Es una laguna que cualquier contaminante permanece mucho, 30 días”, explicó Escobedo-Urías, refiriéndose a los estudios sobre el tiempo de residencia del agua en el sistema.

Eso importa mucho más allá de la contaminación en el sentido convencional. La temperatura, la salinidad y el oxígeno ayudan a determinar la supervivencia de las larvas de camarón, dónde se alimentan los peces y qué zonas de la laguna siguen siendo productivas. Añadir repetidamente agua más caliente y salina a un sistema poco profundo y de lento intercambio con el Golfo puede alterar esas condiciones.

Y Ohuira ya está bajo presión.

Escobedo-Urías ha observado durante décadas la transformación de la laguna, desde lo que describe como un ecosistema mesotrófico —moderadamente enriquecido en nutrientes— hasta uno actualmente eutrofizado. Las aguas residuales agrícolas procedentes del enorme distrito de riego del norte de Sinaloa han sido una fuente importante de esa presión.

Aun así, la bahía continúa funcionando como hábitat crítico y como una importante zona de crianza para peces, camarones y otras especies que contribuyen a sostener el ya asediado y biológicamente fundamental hábitat del Golfo de California.

“Es una zona de cría y alimentación de especies de importancia comercial”, explicó, especialmente de camarón, peces y crustáceos. Ohuira también tiene una importancia particular para los delfines nariz de botella: sus aguas poco profundas y relativamente tranquilas son el sitio donde suelen encontrarse madres con sus crías.

Su conclusión es directa: “Lo que el sitio necesita es una urgente restauración, no más impactos.”

La respuesta del gobierno: mover el agua

Esa preocupación es precisamente lo que el nuevo “Plan Integral” del gobierno mexicano pretende atender.

El sistema de agua original de la planta de amoniaco ya estaba entrelazado con el de una central termoeléctrica vecina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). GPO fue autorizada para extraer hasta aproximadamente 2,000 metros cúbicos de agua de mar por hora del canal de toma de la CFE, que obtiene agua de Ohuira, y devolver alrededor de 1,400 metros cúbicos por hora de agua de enfriamiento, salmuera concentrada y aguas residuales tratadas a través del canal de descarga de la CFE.

Ese canal no es simplemente una tubería neutral. La termoeléctrica ya descarga grandes volúmenes de agua de enfriamiento caliente al sistema lagunar, y estudios ambientales han documentado su influencia sobre la temperatura local y otras condiciones del agua. La propia evaluación ambiental de GPO reconoció el estrés térmico ya existente en la zona de descarga y advirtió que la planta de amoniaco añadiría estrés por salinidad.

El gobierno propone ahora romper ese circuito: que GPO no extraiga directamente agua de Ohuira ni descargue nuevamente en la bahía. Pero todavía no está claro exactamente cómo se lograría. Las descripciones públicas hablan, de manera diversa, del uso de infraestructura de la CFE o del aprovechamiento de agua ya descargada por la termoeléctrica, mientras los efluentes de GPO serían conducidos fuera de Ohuira.

Y “fuera de la bahía de Ohuira” no es, por sí solo, una respuesta hidrológica.

¿Dónde estaría exactamente la nueva toma de agua? ¿Dónde entraría la descarga al sistema marino? ¿A qué temperatura y salinidad? ¿Qué corrientes la transportarían? ¿Podrían las mareas o la circulación estacional devolver parte de esa agua hacia Ohuira?

Estas son algunas de las preguntas que las comunidades quieren ver respondidas antes de aceptar las garantías del gobierno de que el rediseño resolverá el problema.

¿Quién decide qué es “seguro”?

El gobierno presentó su plan después de varias rondas de diálogo con el colectivo ¡Aquí No!, encabezado por comunidades Mayo-Yoreme, incluida otra jornada completa de negociaciones con funcionarios federales y representantes de GPO-Proman. Al término de esa sesión se dio a conocer la propuesta como un marco destinado a resolver el conflicto.

Los dirigentes del colectivo dedicaron después un día completo a revisar el plan con científicos y asesores técnicos, seguido por asambleas en las cuatro comunidades más cercanas al proyecto.

Su respuesta no fue una aprobación.

En cambio, acordaron continuar analizando la propuesta del gobierno —mientras mantienen el plantón.

Desde entonces, el gobierno federal ha anunciado tres comisiones técnicas. Una abordará precisamente las dudas pendientes sobre la toma y la descarga de agua. Las otras establecerán una nueva línea base ambiental para la bahía de Ohuira y desarrollarán un plan de restauración para la laguna.

De manera crucial, participarán representantes comunitarios y especialistas elegidos por las propias comunidades, junto con expertos del gobierno y de la empresa.

El estudio de línea base podría resultar especialmente importante. Escobedo-Urías señala que Ohuira ha cambiado profundamente después de décadas de impactos agrícolas y de otro tipo. Sin un acuerdo sobre el estado de la bahía antes de que la planta de amoniaco comience a operar, será mucho más difícil interpretar el monitoreo posterior.

En otras palabras, la disputa ya no se limita a si los habitantes deben confiar en la ciencia presentada por el gobierno.

Cada vez más, se trata de quién tiene derecho a producir la evidencia.

El agua es solo una parte del riesgo

Incluso un rediseño exitoso del sistema de agua no resolvería otra de las principales preocupaciones de las comunidades: la seguridad industrial.

El ingeniero e investigador José Luis Luna, quien anteriormente trabajó en automatización industrial para Pemex, señala la escala de la operación propuesta: una producción de aproximadamente 2,200 toneladas de amoniaco al día y capacidad para almacenar hasta 75,000 toneladas.

La producción de amoniaco requiere altas temperaturas y altas presiones, y utiliza hidrógeno además de amoniaco anhidro, explicó.

“La planta esta de amoníaco… es para producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoníaco”, dijo Luna, contrastando su escala con instalaciones de almacenamiento existentes en Topolobampo. “La planta de Topolobampo maneja 20,000 toneladas máximo, pero esta planta tendría 75,000 toneladas.”

La propia evaluación de riesgo ambiental de la empresa analizó decenas de posibles accidentes. Según Escobedo-Urías, varios fueron clasificados dentro del propio estudio como riesgos inaceptables.

“Hay 33 escenarios de riesgo en los cuales ocho de ellos son inaceptables”, dijo. Según explicó, esos escenarios podrían implicar lesiones o incluso muertes.

Los dirigentes comunitarios exigen ahora modelos de riesgo actualizados, planes de respuesta ante emergencias y reglas claras sobre responsabilidad legal, indemnización y sanciones si no se cumplen los compromisos.

Por eso, por importante que sea mover las tuberías de agua, hacerlo no basta para resolver el conflicto.

Por ahora, las tuberías siguen quietas

GPO-Proman ha aceptado participar en el nuevo proceso técnico y mantiene su intención de terminar la planta de amoniaco.

Las comunidades han aceptado permitir un acceso limitado para labores de mantenimiento bajo su propia supervisión, pero la construcción sigue detenida y el plantón continúa.

Para Escobedo-Urías, la cuestión central no es si Ohuira puede absorber un impacto más, sino si ha llegado el momento de revertir décadas de deterioro.

El rediseño propuesto por el gobierno podría llegar a demostrar que los ingenieros pueden separar el sistema de agua de la planta de amoniaco de la bahía de Ohuira.

O los nuevos estudios podrían demostrar que, en una laguna poco profunda e interconectada donde el agua puede permanecer durante semanas, la frontera entre “dentro” y “fuera” de la bahía no es tan sencilla como mover una tubería en un mapa.

Por ahora, los científicos vuelven al agua, las comunidades permanecen en la mesa de diálogo y, frente a las puertas de la planta, ¡Aquí No! sigue siendo la respuesta.

Tracy L. Barnett es una periodista independiente radicada en Guadalajara, México. Es fundadora de The Esperanza Project, una revista bilingüe dedicada a temas de medio ambiente, pueblos indígenas y derechos humanos en las Américas.

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