En algunos países europeos, un monarca con un rol simbólico ha servido ocasionalmente para llamar al orden cuando el gobierno se desvía de su esencia. En Ecuador, esa función la cumplen los pueblos originarios.
Desde principios de los años 90, cuando el movimiento indígena ecuatoriano se organizó a nivel nacional, sus integrantes han salido a las calles cada vez que se cruzan ciertas líneas rojas. Mientras tanto, la mayoría observa —y aprueba— desde sus hogares cómo caen gobiernos subordinados al capital financiero global o grotescamente corruptos.
Históricamente, los paros indígenas han gozado del respeto de los gobiernos. Los dos gobiernos de derecha anteriores al de Noboa enfrentaron movilizaciones indígenas y lograron manejarlas con respeto. Pero en el paro nacional actual, Noboa ha desatado una maquinaria represiva sin precedentes en la historia reciente del país: militares disparando contra civiles, un manifestante muerto y varios heridos en la primera semana del paro, bloqueo de cuentas bancarias de líderes indígenas y de organizaciones ambientalistas, y acusaciones de terrorismo contra manifentastes pacíficos, desarmados y sin antecedentes penales. Cada día del paro, decenas de manifestantes son encarcelados. Y hay un agravante que incluso el propio gobierno ha reconocido: los detenidos estaban siendo enviados de forma arbitraria a la cárcel de Esmeraldas, actualmente una de las más peligrosas del país.
En medio del paro, el comandante general del Ejército, Iván Vásconez, fue retirado de su cargo por decreto presidencial. Algunos medios independientes han sugerido que su salida podría estar relacionada con órdenes de fuego contra civiles, pero esa versión no ha podido ser corroborada por fuentes oficiales ni por medios de comunicación reconocidos. Lo cierto es que, bajo el gobierno de Daniel Noboa —quien se jacta de ser un “enemigo difícil”—, se ha consolidado un clima de represión y persecución hacia las voces disidentes, utilizando los mecanismos del Estado para silenciar la protesta social.
Esta movilización nacional no se debe únicamente al alza del precio del diésel —aunque en campaña Noboa prometió no tocarlo—. Al revelarse que dicha medida fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional, quedó en evidencia que Noboa no sirve a los intereses de los ecuatorianos, sino a los de la banca global.
Sus declaraciones durante su reciente visita al estado genocida de Israel —donde afirmó que “Ecuador e Israel tienen los mismos enemigos”— desnudan su verdadera orientación colonialista y racista. Es un retroceso para un país que, hasta hace pocos años, era un referente de paz y legislación alineada con la gente. Cuando Noboa ganó sus primeras elecciones hace dos años, muchos albergaron la esperanza de que al menos podría devolver la seguridad al país. Pero la situación hoy es peor que entonces.
La paciencia que merece un nuevo gobernante se ha agotado. Tras haber concentrado todo el poder —incluido el mediático—, el argumento, antes común, de que “no lo dejan gobernar” ya no encuentra eco en el inconsciente colectivo de quienes creyeron que Noboa sería el “Bukele ecuatoriano”.
Las críticas provienen de sectores muy diversos. Jaime Nebot, líder de la derecha ecuatoriana y exalcalde que transformó Guayaquil en una ciudad moderna, acusa al gobierno de priorizar el pago de la deuda externa por encima de las necesidades del país, como el abastecimiento de los hospitales públicos.
Por su lado, el descontento de los pueblos indígenas se debe a que acusan a Noboa de someterse a las exigencias de la banca global y de repetir políticas diseñadas para mantener a América Latina en una condición de dependencia. Además, no le perdonan su apuesta incondicional al extractivismo y su evidente irrespeto a la madre naturaleza.
Recordemos que ya se realizó una consulta popular para preguntar si el Estado debía continuar explotando petróleo en el Parque Nacional Yasuní, y la respuesta fue un contundente “no”. Sin embargo, Noboa ha seguido adelante con la explotación. Otra consulta, esta vez en el cantón Cuenca, preguntó si los habitantes aprobaban la minería en su territorio, y la respuesta fue un rotundo “no”. Aun así, Noboa ha insistido en impulsar proyectos mineros en el Parque Nacional El Cajas.
Son dos ejemplos claros de cómo Noboa ignora la voluntad popular de la manera más vulgar y descarada, como diría Rubén Blades.
Ahora, el gobierno impulsa una nueva Constitución, argumentando que las leyes actuales no permiten combatir la delincuencia. Sin embargo, este argumento es claramente falaz: durante el gobierno de Correa, los índices de homicidios en Ecuador se redujeron a niveles comparables con los de Uruguay o Costa Rica… con la misma Constitución.
La estrategia de seguridad de Correa se basó en la gestión administrativa: creó mesas de trabajo interinstitucionales para coordinar esfuerzos en seguridad pública y estableció el Ministerio de Justicia, encargado de dar seguimiento a cada una de las denuncias policiales, asegurando que policías y jueces cumpliera su función —es decir, que no fueran sobornados por el crimen organizado.
La Constitución de 2008 estuvo profundamente influenciada por la cosmovisión de los pueblos originarios: reconoció los derechos de la naturaleza, consagró la soberanía alimentaria, protegió la libertad médica, instituyó la consulta previa para proyectos extractivistas y, aunque controvertida por invadir supuestamente el ámbito de las leyes ordinarias, prohibió los cultivos transgénicos en Ecuador.
Aunque muchos la llaman “la Constitución de Correa”, en realidad no era tan afín a su gobierno. Las tensiones entre sus políticas y los mandatos constitucionales llevaron a Correa a enfrentarse con movimientos ambientalistas e indígenas. Sus gobiernos no respetaron plenamente principios como la soberanía alimentaria o los derechos de la naturaleza. Aunque durante su mandato también hubo persecución a líderes sociales, estas acciones palidecen frente a los abusos de poder y las rupturas del orden institucional cometidas por Noboa. Ni siquiera los peores dictadores sudamericanos llegaron a invadir una Embajada.
Es cierto que la Constitución actual podría mejorarse, dada la grave crisis de narcotráfico e inseguridad que vive el país. Pero dudo profundamente que el grupo político que hoy gobierna Ecuador esté a la altura de hacer una mejor Constitución.
Crecientemente, en todos los sectores se percibe que Noboa gobierna para beneficiar su imperio económico y congraciarse con poderes globales. Maneja el país en piloto automático mediante la manipulación mediática, la persecución de sus adversarios políticos y la compra de conciencias.
Y lo más triste es que todavía hay gente que cree en él.
Previous Next