GUADALAJARA — En un foro público celebrado la semana pasada en el Congreso de Jalisco, líderes comunitarios, académicos y legisladores unieron fuerzas para cuestionar la propuesta de reforma de la ley de aguas de México, impulsada por el gobierno federal, advirtiendo que profundizaría la privatización en lugar de erradicarla.

El Parlamento Abierto Ciudadano e Interparlamentario por el Agua congregó a participantes de todo el estado: campesinos, representantes indígenas, colectivos urbanos y grupos ambientalistas, unidos bajo el lema “Una Sola Agua, Una Sola Ley”. Su objetivo: elaborar propuestas ciudadanas para una nueva Ley General de Aguas que garantice el derecho constitucional al agua y limite el control corporativo.

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“Debemos avanzar hacia una nueva Ley General de Aguas que elimine el carácter privatizador del agua, reconociéndola como fundamental para la vida, como un derecho, no como una mercancía”, declaró María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) e integrante del Movimiento Jalisco-Defensor del Agua, al inaugurar la sesión ante una sala repleta de activistas y funcionarios locales.

González explicó que el evento fue tanto un ejercicio ciudadano como legislativo: tres paneles para analizar los proyectos de ley en competencia en el Congreso, seguidos de grupos de trabajo para redactar las resoluciones propias de Jalisco. Dichas conclusiones, indicó, se entregarían formalmente a la Comisión Federal de Recursos Hidráulicos y a los diputados de Jalisco para asegurar que las propuestas ciudadanas se reflejen en la ley.

Un foro popular en el seno del poder

La diputada local Mariana Casillas Guerrero lo calificó como un momento decisivo. “Debemos preguntarnos hasta qué punto esta reforma rompe realmente con el modelo extractivista de concesiones y privilegios para unos pocos”, dijo, advirtiendo que la nueva ley aún permite permisos de décadas para proyectos mineros, agroindustriales e inmobiliarios que “saquean la naturaleza y a los pueblos”. El agua, añadió, debe ser reconocida no como una mercancía, sino “como la memoria de los pueblos… la base material de todo proyecto de justicia social”.

Académicos legales: dos leyes, una contradicción

El experto en derecho constitucional de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, recordó a los legisladores que, desde que México reconoció el derecho humano al agua en 2012, el Congreso está obligado constitucionalmente a aprobar una sola Ley General de Aguas. En cambio, la propuesta actual, respaldada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dividiría la regulación en dos leyes separadas: una sobre derechos del agua y otra sobre gestión de los recursos.

“Eso es inconstitucional”, declaró ante la asamblea. “Todos los demás derechos humanos se rigen por una sola ley general. Crear dos sumiría al país en un caos jurídico y protegería el mismo sistema de concesiones que ha concentrado el 22% del agua nacional en menos de mil empresas”.

El ex asesor legislativo Miguel Ángel Montoya reforzó este punto, señalando que la reforma constitucional de 2012 otorgó al Congreso 360 días para promulgar la nueva ley. “Trece años después, ese mandato sigue siendo ignorado”, afirmó, calificando la omisión como una “falla constitucional con consecuencias internacionales”.

La veterana activista Elena Burns, de la coalición nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, argumentó que las reformas propuestas “mantienen los mismos mecanismos que permitieron la sobreexplotación y la contaminación”.

“La iniciativa de la CONAGUA rompe completamente con lo que establece la Constitución”, declaró. “Reduce el problema al derecho humano al agua, dejando de lado la gestión integral del recurso. Eso es una trampa, porque el Artículo 4 no se trata solo de declarar un derecho, sino de las condiciones para que ese derecho sea real: acceso equitativo y uso sostenible. Al dividir la ley en dos, mantienen intacto el antiguo sistema de concesiones, precisamente lo que debe cambiar”. 

De la teoría a la práctica: El debate sobre el acaparamiento de agua.

En sesiones de trabajo más pequeñas, los participantes tradujeron esos principios en demandas prácticas. En la sesión sobre acaparamiento de agua, Burns moderó un animado debate entre agrónomos, estudiantes y productores rurales.

Martín Gómez García, de la Red de Agrónomos para el Desarrollo Rural Democrático, señaló las plantaciones no reguladas de aguacate y frutos rojos “sin concesiones, que agotan los acuíferos y desplazan a los pequeños agricultores”. Los participantes exigieron que todas las concesiones se hicieran públicas y estuvieran condicionadas a la sostenibilidad, y que los consejos regionales del agua incluyeran la supervisión ciudadana.

Las voces urbanas plantearon el problema de la expansión inmobiliaria. Lina González Montoya, estudiante del ITESO, afirmó que se deberían denegar los permisos a los constructores “a menos que puedan demostrar que hay suficiente agua”, señalando que siguen construyéndose torres de lujo mientras barrios como San Vicente se quedan sin agua. Otros pidieron límites estrictos a las empresas de agua embotellada y medidas contra los contaminadores a lo largo del Río Santiago.

Las propuestas ciudadanas cobran forma

Las resoluciones del grupo de trabajo incluyeron: 

– Registros públicos y transparentes de todas las concesiones de agua;
– Redes de monitoreo comunitario financiadas mediante tarifas a los grandes consumidores;
– Sanciones para funcionarios municipales o federales que permitan descargas ilegales;
– Sistemas obligatorios de captación de agua de lluvia en edificios públicos para reducir la extracción del Lago de Chapala; y
– Protección garantizada a largo plazo para los pozos comunitarios y los derechos de agua de los pueblos indígenas.

Algunos instaron a presentar denuncias penales contra la CONAGUA por no cobrar las tarifas a los principales concesionarios —“corrupción por omisión”, como lo expresó un participante—. Otros presionaron para que se brindaran servicios de defensa legal gratuitos para que las comunidades pudieran defender sus derechos.

Un llamado unificado: “Una sola ley para el agua”

Al finalizar la jornada, cuatro representantes subieron al escenario para resumir los resultados de las sesiones de trabajo que siguieron a la plenaria. Cada uno reflejó un aspecto de una visión compartida: una gestión justa, transparente y centrada en la comunidad del recurso más vital de México.

El grupo de defensa contra la contaminación, liderado por el investigador del ITESO, Mario López, exigió una Ley General de Aguas basada en los derechos humanos que unificara las responsabilidades gubernamentales en todos los niveles y estableciera el objetivo claro de cero vertidos a ríos y acuíferos. Solicitó la sustitución de las inspecciones simbólicas por auditorías con estándares internacionales, el reconocimiento de la contaminación como delito y que el saneamiento se mantuviera como un servicio público integral.

Desde la mesa de debate sobre el acaparamiento de agua, la investigadora Aimée Figueroa Neri (Universidad de Guadalajara) y sus colegas instaron a una mayor supervisión ciudadana y a un registro público vinculante de concesiones. Propusieron la cancelación de permisos industriales innecesarios o impagados, la garantía de un acceso mínimo al agua para los usuarios de subsistencia y el reconocimiento legal de los derechos de agua de los pueblos indígenas, ejidales y comunitarios.

El grupo de acción comunitaria presionó para el pleno reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua como entidades públicas autónomas con derecho a gestionar, financiar y proteger sus propias cuencas hidrográficas. Solicitaron al Congreso que enmendara la Ley de Aguas Nacionales para armonizarla con el derecho constitucional al agua y garantizar que estos sistemas puedan recibir financiamiento público sin perder su independencia. Finalmente, la mesa de privatización exigió una prohibición constitucional y legal absoluta de la privatización de los servicios e infraestructura de agua. Sus propuestas incluían la remunicipalización de los contratos fallidos, la operación sin fines de lucro de las empresas de servicios públicos, consejos regionales del agua con participación ciudadana vinculante y un nuevo marco de justicia hídrica basado en la transparencia, la restauración y el poder comunitario.

Cuando la palabra volvió a los legisladores, la diputada Claudia García se comprometió a transmitir las resoluciones al Congreso federal y a insistir en que las iniciativas ciudadanas se consideraran junto con las de la CONAGUA. La diputada Mariana Casillas se sumó a este compromiso, enfatizando que la verdadera democracia depende de “abrir brechas” en las instituciones cerradas para que la voz del pueblo pueda influir en las leyes que lo rigen.

Al clausurar el Parlamento, María González Valencia recordó a la asamblea que el proceso en sí mismo era un acto de resistencia. “Lo hemos dicho aquí y lo seguiremos diciendo”, expresó ante el público. “Queremos una sola agua, una sola ley: una ley que reconozca el agua como un derecho de los pueblos y como el fundamento mismo de la vida”.

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Parlamento Abierto Ciudadano e Interparlamentario por el Agua